Débil capacidad de respuesta de servicios públicos de salud, exacerba inequidades: señalan expertos

La desaparición del Seguro Popular, así como la institución que lo reemplazó, es decir el Insabi, explican, al menos en parte, el incremento en el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud quienes se ven obligados a acudir a servicios privados, lo cual exacerba inequidades. Eso evidencia que los servicios públicos de salud tienen el reto de ofrecer mejor capacidad de respuesta, plantean expertos consultados por este periódico.

En México, 44.5 millones de personas no identifican a qué institución pública podrían acudir en caso de requerir atención médica y, de las 85.6 millones restantes, una parte importante acude a consultorios del sector privado.

De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 13 de agosto pasado, durante los últimos ocho años, el acceso a servicios de salud en el país muestra un deterioro importante.

Si bien en 2024 hubo una reducción en el número de personas con carencia por acceso a los servicios de salud, comparado con 2022, pues la cifra pasó de 50.4 millones en 2022 a 44.5 millones en 2024, esa última cifra todavía es mayor a las que se tuvieron en 2016, 2018 y 2020.

En 2016, 15.6% de la población, que equivalían a 18.8 millones de personas, no contaba con acceso a estos servicios y para 2024, la proporción se elevó a 34.2%, que constituyen 44.5 millones.

Eso quiere decir que actualmente hay 25.7 millones de personas más sin acceso a servicios de salud, que las que había en 2016. Más de una tercera parte de la población carece de acceso a servicios de salud.

Según la metodología para la medición de la pobreza utilizada por el Inegi, una persona está en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, lo que incluye el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social —Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina— o los servicios médicos privados.

En ese sentido, un análisis realizado por la organización México ¿cómo vamos?, destaca que en términos porcentuales, los datos del Inegi muestran que la carencia por acceso a servicios de salud aumentó más de 10 puntos porcentuales entre 2020 y 2022 al pasar de 28.2% a 39.1% de la población con carencia de acceso a servicios de salud y, aunque en 2024 el porcentaje bajó a 34.2%, sigue siendo más del doble que en 2016.

Juan Pablo Gutiérrez, académico de la UNAM plantea que hay dos elementos importantes a considerar cuando se analizan esos datos.

El primero es que cuando existía el Seguro Popular había un esquema explícito de afiliación. Esa institución les daba a los beneficiarios una credencial y éstos tenían claridad sobre su afiliación.

Al desaparecer ese organismo y ser sustituido por el Insabi, ya no se les pedía que se afiliaran, con el argumento de que bastaba presentarse a la institución para ser atendidos.

El académico, quien es autor del análisis “Sistema de salud para la movilidad social” publicado por el Centro de Estudios Espisosa Yglesias, enfatiza que, si bien eso explica, al menos en parte, la variación, lo importante es tener claro que no es menor el reto que tiene el país en términos de acceso a los servicios de salud.

Recuerda que incluso, cuando existía el Seguro Popular se discutía sobre el tema porque algunas autoridades decían que ya se había alcanzado la cobertura total, al sumar derechohabientes de institutos de seguridad social y los del Insabi, pero, cuando se hacían encuestas al respecto, seguía habiendo un sector importante de la población que manifestaba no tener acceso a servicios de salud.

En todo caso, lo importante es que la gente que no sabe o no tiene la seguridad de contar con el acceso, no lo va a ejercer.

Actualmente ocurre lo mismo, pues hay una parte de la población que potencialmente podrían hacer uso de los servicios del IMSS-Bienestar, porque, en principio, esa institución no la va a rechazar, no va a acudir, porque no tiene conocimiento de esta posibilidad.

En ese sentido, recalca, como segundo elemento a considerar, que lo que se está usando hoy como un indicador de acceso a servicios de salud no es tal porque, en todo caso es un indicador de afiliación.

Por su parte, Axel Eduardo González Gómez, coordinador de Datos en México ¿cómo vamos?, subraya que al analizar los indicadores es importante revisar lo que manifiestan las personas cuando les preguntan a quién acuden cuando tienen una enfermedad, es decir en dónde se atienden.

En ese sentido, destaca que, a partir de 2020, en el contexto de la pandemia, la mayoría de las personas con problemas de salud se atendieron en instituciones privadas. Esa situación persiste hasta hoy.

Esto se explica justamente por una transición muy importante, donde cada vez menos personas se están atendiendo en centros de salud públicos. Por ejemplo, en 2016, 19% de las personas que tenían un problema se atendían en este tipo de instituciones y ahora, en 2024, solo es 11% y por otro lado, hay un incremento en los consultorios de farmacias. En 2016 eran 17.4% y en 2024 es 24.3%. expone.

Los datos muestran que, en 2024, 57.6% de las personas con problemas de salud se atendieron en centros privados, mientras que en instituciones públicas 40.6%.

Por otro lado, hay un incremento considerable en las personas que se atienden en consultorios y hospitales privados, pues pasó de 28.5% en 2016 a 33.3% en 2024.

Lo mismo ocurre con quienes recurren a consultorios adyacentes de farmacias, que pasaron de 17.4% en 2016 a 24.3% en 2024.

En ese sentido, Juan Pablo Gutiérrez expone que, desde una perspectiva de acceso efectivo, los datos dados a conocer por el Inegi muestran que una buena parte de la población considera que el proveedor público al que pudiera acudir cuando se enferma no tiene la capacidad para resolverle sus problemas de salud.

“Eso evidencia que como país tenemos un reto de acceso efectivo a los servicios de salud. Las personas están eligiendo ir a servicios privados, sumado a que se ha perdido esta noción de a qué tengo derecho, en ausencia de un mecanismo explícito de afiliación o algo que permita tener a la gente claridad de a dónde acudir en caso de que lo necesite”.

Gasto de bolsillo en salud

Por otra parte, Axel Eduardo González Gómez destaca que ha evolucionado el gasto de bolsillo en salud de los hogares. “Particularmente desde 2020 el gasto en salud como porcentaje del ingreso total, de su ingreso corriente se ha incrementado para todos los niveles de ingreso, respecto de lo que se observaba en 2016 y 2018”.

Si se observan los datos del porcentaje del ingreso de los hogares que destinan a salud, por cada uno de los deciles en que se divide a la población para analizar temas de ingresos y gastos, es notorio que en el decil más bajo en 2024 representó 3.9% en 2024, cuando en los demás deciles no superó 2.7%, mientras que en 2020 fue de 5%.

En el decil más bajo ese gasto equivalió a 2.9 en 2018 y en 2024, como ya se mencionó, fue de 3.9%.

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica que entre 2022 y 2024, el gasto de bolsillo en salud en México aumentó 7.9 % en términos reales y alcanzó un promedio de 6,421 pesos anuales por hogar.

Aunque a escala nacional disminuyó el número de hogares con gasto catastrófico (–6,170) y empobrecedor (–9,826), los hogares de menores ingresos enfrentaron el escenario contrario: en el decil uno, hay 9,651 y 10,459 hogares más con este tipo de gasto, lo que revela una mayor presión financiera para acceder a servicios de salud.

También indica que 63% de la población reporta afiliación a una institución pública, pero seis de cada 10 personas se atienden en farmacias o consultorios privados. La compra de medicamentos representa 38% del gasto de los hogares en salud y 50% en los hogares de menores ingresos.

Remarca que la persistencia del gasto de bolsillo, incluso entre afiliados al IMSS o ISSSTE, junto con las desigualdades entre entidades, traslada el peso del financiamiento del sistema de salud a los hogares.

En otro aspecto, México ¿cómo vamos? enfatiza que las carencias sociales relacionadas con educación y salud están íntimamente ligadas con el progreso social. Por eso, los tres estados con menor progreso social en 2024, que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se encuentran entre las primeras tres entidades con mayor porcentaje de personas en rezago educativo y entre las primeras 10 con carencia por acceso a servicios de salud.

Las tres entidades con mayor porcentaje de personas en carencia por acceso a servicios de salud están entre las ocho entidades con menor progreso social en 2024 que son Chiapas (63.3%), Puebla (47.3%) y Michoacán (46.1%), mientras que las entidades con menor porcentaje en esta carencia son Nuevo León (15.8%), Baja California Sur (19.6%) y Coahuila (20.3%).

Los datos indican que en Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Estado de México, superan 40% de población con carencia de acceso a salud.

Si se comparan los datos de 2018 y 2024 llama poderosamente la atención que en Chiapas pasó de 17.6% a 63.3% la población en situación de carencia por acceso a los servicios de salud.

Por otra parte, un análisis inicial de las cifras de medición de la pobreza de 2024 de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), remarca que la carencia de acceso a servicios de salud se combina con el deterioro de la atención en los servicios públicos de salud.

La falta de acceso efectivo y atención oportuna y de calidad está documentada, en situaciones como el desabasto de medicamentos o la posposición de la atención para consultas con especialistas, análisis y estudios médicos, cirugías y tratamientos complejos o de larga duración, lo que ha generado la privatización del gasto en salud, que creció en promedio 41% entre 2018 y 2024.

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente Ejecutivo de ACFP subraya precisamente que la carencia de acceso a servicios de salud se agrava por el incremento en gasto privado en salud que aumentó 41% y todavía más en los hogares de menor ingreso.

Estos datos muestran la urgencia de corregir a fondo las políticas gubernamentales, confirman que la vía para reducir la pobreza es crear una economía de inclusión y crecimiento con equidad y una política social que construya un piso de derechos sociales y no solo programas de transferencia, considera.

Para Juan Pablo Gutiérrez el panorama expuesto evidencia que necesitamos crear un sistema realmente universal, que termine con la segmentación y que ofrezca servicios de salud para toda la población, haciendo explícito que el país tiene capacidad de atender a todas las personas.

Eso requiere una decisión política de aumentar el gasto público en salud y siguiendo una trayectoria hacia el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales, por ejemplo, de destinar lo equivalente al 6% del PIB en gasto en salud.

Para el académico, hay deficiencias en los servicios que han sido documentadas, por ejemplo, el desabasto de medicamentos y las carencias del sistema de vacunación, lo cual tiene que ver con inversión pública, sin la cual no se podrá lograr el objetivo que todo mundo quiere que es la cobertura universal.

“Necesitamos movernos hacia la construcción de un sistema universal que no esté basado en la condición laboral de las personas y en el cual la atención no esté vinculada a nuestra capacidad de pago y que sea construido en una lógica de solidaridad, orientado a reducir las brechas y las inaceptables inequidades en salud”, añade.