Darían 15.4% más a lucha contra la corrupción

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2026, el Anexo 30, que incluye recursos para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción registrará un aumento de 15.4% en términos reales con respecto al 2025, ya que contempla 9,599 millones de pesos, 1,278 millones más frente a los 8,320 millones ejercidos este 2025.

Una novedad del proyecto entregado a la Cámara de Diputados, el pasado 8 de septiembre, es que 16 secretarías y organismos recibirán recursos en esta materia cuando en 2025 no tuvieron asignación.

Entre las que se prevé que reciban recursos se encuentran: Gobernación (1.0 mdp), Defensa Nacional (572.4 mdp), Agricultura (33.2 mdp), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (13.0 mdp), Salud (165.2 mdp), Marina (20.1 mdp), Trabajo (3.2 mdp); Desarrollo Agrario (25.7 mdp); Medio Ambiente (26.7 mdp); Energía (12.3 mdp); Turismo (29.1 mdp); Tribunales Agrarios (4 mdp); Ciencia (72.4 mdp); Cultura (58.4 mdp); Seguro Social (339.7 mdp); IMSS-Bienestar (196.6 mdp).

Además del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), que será el gran beneficiado con la mayor asignación entre las instituciones nuevas en el Anexo 30 (1,693 mdp).

Por el contrario, varias instituciones que ya contaban con presupuesto en 2025 enfrentarán recortes, como la Secretaría de Educación Pública que pasará de 1,141 millones a 237 millones, lo que significaría una reducción de 79.1% con lo que sería la institución con la mayor reducción.

También la Secretaría de Hacienda podría ver una caída de 66.4%, al pasar de 645 a 216 millones. La Secretaría Anticorrupción estaría en lo mismo al tener un ajuste de 34.9%, al pasar de 1,284 millones a 834 millones.

Mientras que la Fiscalía Anticorrupción federal tendría una reducción de 4.6% en términos reales.

Recursos dispersos
y poco claros

El PPEF 2026 plantea una paradoja en materia de combate a la corrupción; mientras amplía el número de dependencias que recibirán recursos bajo este rubro, reduce los fondos destinados a instituciones especializadas en la investigación, prevención y sanción de irregularidades, coincidieron expertos.

Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, advirtió que la dispersión de recursos a 16 dependencias que antes no tenían presupuesto en este ámbito genera riesgos de opacidad y discrecionalidad.

“No especifica en algunos ramos de qué manera van a ser estas estrategias y en ese sentido, el no tener claro cómo van a ser estas estrategias, pues obviamente hay poca transparencia o puede haber mucha opacidad”, señaló en entrevista.

Como ejemplo utilizó a Cultura, que reporta como objetivo implementar mecanismos de cooperación internacional para posicionar la cultura como referente en México, una meta “muy ambigua y amplia” que, según Salvatierra, abre la puerta a que los recursos se usen para fines distintos al combate a la corrupción. Lo mismo ocurre con programas como IMSS-Bienestar, que solo menciona apoyo a la función pública y al buen gobierno, sin detallar acciones concretas.

Para la investigadora, el Anexo 30 debería estar mejor vinculado con la Política Nacional Anticorrupción, que define ejes claros en materia de prevención, detección, investigación y sanción.

Natalia Campos, coordinadora de Sociedad en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que, aunque los montos asignados a estas dependencias son muy bajos respecto a su presupuesto global, el problema es que quedan “muy difusos (…) quedan más dudas o más incertidumbre de cómo van a aportar al combate a la corrupción”.

Enfatizó que la medición del impacto será complicada, ya que en ausencia de la matriz de la política nacional resulta difícil dar seguimiento a las acciones.

“En instituciones como la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación sabemos concretamente qué hacen, pero en dependencias como Turismo es casi imposible monitorear si los recursos se traducen en acciones reales”, detalló.

También, cuestionó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorbió funciones del extinto Inai, haya sufrido una reducción en su presupuesto y alertó sobre el recorte a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que —dijo— anticipa un posible desmantelamiento de la perspectiva sistémica establecida en la Constitución.