Cuotas de Intercambio, eje de la consulta pública sobre redes de pago
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) sometieron esta semana a consulta pública el proyecto de las nuevas Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, con el propósito de actualizar y fortalecer el marco normativo que regula los sistemas de pago en el país.
La propuesta busca establecer reglas secundarias en cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con énfasis en garantizar la interoperabilidad, la transparencia y la seguridad en las redes de pago.
Entre los aspectos más relevantes del documento, contenidos en el Capítulo IV, se plantea la fijación de límites máximos a las llamadas cuotas de intercambio, es decir, la comisión que una institución emisora (la encargada de emitir y administrar las tarjetas) cobra a una institución adquirente (la que afilia a los comercios para aceptar pagos con tarjeta) por cada operación realizada. Este cobro compensa al emisor por los servicios y riesgos asociados al procesamiento de las transacciones.
El proyecto propone establecer topes máximos de tasas de intercambio de 0.3% para operaciones con tarjeta de débito y de 0.6% para aquellas con tarjeta de crédito.
“La parte que creo que es muy peligrosa es tener elementos que puedan restringir ciertos temas. Fijar topes máximos de tasa de intercambio puede desincentivar la innovación y afectar lo que justamente se busca con este tipo de políticas. Los montos propuestos son superagresivos”, advirtió Álvaro Vértiz, analista privado y director nacional de DGA Group.
En esa línea, un estudio elaborado por la Asociación de Medios de Pago (Asamep) señala que, en general, las cuotas de intercambio no se determinan mediante un proceso de mercado, sino que suelen ser precios acordados entre competidores. Establecerlas en un nivel adecuado resulta fundamental: si las tasas son demasiado altas, los comercios podrían optar por no aceptar pagos con tarjeta; pero si son demasiado bajas, los bancos emisores perderían incentivos para cubrir los riesgos asociados a la emisión.
No obstante, Carlos Valderrama, fundador de la firma Legal Paradox, señaló que la fijación de topes máximos constituye un avance favorable y destacó que, aunque los límites representan un paso importante, todavía existe margen para reducir las comisiones y acercarlas a los estándares internacionales.
“La reducción tan drástica de las cuotas de interconexión obligará a todos los participantes emisores, adquirentes, agregadores y empresas especializadas, a generar innovación en sus operaciones. El sector fintech podría beneficiarse, al contar ya con la infraestructura tecnológica desarrollada; sin embargo, estas nuevas reglas imponen una carga regulatoria significativa”, destacó Valderrama.
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Carga regulatoria
Valderrama también advirtió que dicha carga regulatoria implicará un costo y se traducirá en una barrera de entrada. Explicó que los grandes participantes podrán cumplir con las disposiciones sin mayores dificultades, gracias a sus equipos de abogados internos y externos, mientras que para las fintech estas exigencias representan un desafío considerable. El proyecto también amplía las facultades de supervisión de la CNBV y Banxico, que podrán modificar disposiciones o imponer sanciones en caso de incumplimiento.
“Quitarle una paleta a un niño no tiene complicación, pero para las fintech sí genera una barrera de entrada. Todo depende del punto de vista desde el que lo observes”, señaló.
Vértiz recordó que el sistema de pagos en México ya había sido objeto de observaciones por parte de la autoridad de competencia económica, la extinta Cofece, debido a las barreras de entrada que limitan la participación de nuevos actores en el mercado. En ese sentido, subrayó que la propuesta regulatoria no puede analizarse de manera aislada, ya que también tiene implicaciones dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Esta iniciativa abre la posibilidad de que participantes internacionales, como Mastercard o Visa, opinen sobre las medidas propuestas, porque las barreras de entrada en el sistema mexicano de pagos no solo afectan a instituciones locales, sino también a empresas estadounidenses que operan en el país. Este tema podría tener implicaciones en el T-MEC, especialmente en lo relacionado con la competencia y el acceso equitativo al mercado”, señaló Álvaro Vértiz, socio consultor de DGA Group.
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