Cuarto Plan Michoacán arranca bajo una descomunal presencia de la delincuencia organizada
A unas semanas del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno federal implementa el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en un contexto marcado por una severa crisis de inseguridad, una descomunal presencia de organizaciones de la delincuencia organizada. Además, hay un escenario político dominado por Morena, con fuertes pugnas internas de cara a la sucesión de la gubernatura, así como dos ínsulas opositoras.
Crisis de inseguridad
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi, mientras a escala nacional, en septiembre de 2025, 63.0% de la población de 18 y más consideró vivir inseguro en su ciudad, en Morelia, 76.0% de la gente se sentía insegura y en Uruapan 82.6%. A escala entidad federativa esta cifra es de 80.9%.
Si bien en Uruapan bajó la percepción de inseguridad respecto de junio de 2025, cuando 89.5% se sentía inseguro, el indicador está por encima del promedio nacional.
Si se atienden los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 del Inegi, en 2024, Michoacán registró la tasa de víctimas de violencia más alta de los últimos seis años con 16,572 por cada 100,000 habitantes.
<!–>Enlace imagen
Si se analizan los registros de ese indicador durante los últimos 15 años, en 2016 se tuvo el número más alto, con 21,263 y de ahí comenzó a bajar hasta 16,112, en 2019, pero en 2024 se ubicó en 16,572.
En tanto, la incidencia delictiva, es decir, la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, en 2024 se ubicó en 23,819 y es la cifra más alta desde 2017.
La extorsión se ubicó en 2024 en 4,346 delitos por cada 100,000 habitantes. En este caso los registros indican que es el menor de los últimos 15 años. Entre 2014 y 2016, eran superiores a 9,000.
<!–>Enlace imagen
El Inegi calcula que, en 2024, el costo de la inseguridad y el delito en hogares ascendió a 10,000 millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 7,643 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
Se estima que, en 2024, en Michoacán, se denunció 9.6% de los delitos, y de esos el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 67.2% de los casos.
La cifra oculta en el estado corresponde a 93.6% de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Por otra parte, actualmente, 51.9% de la población del estado confía en la policía estatal, 52.2% en la policía preventiva municipal y 52.4% en los jueces.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Michoacán hay 7,337 personas en esa situación.
Descomunal presencia de organizaciones de la delincuencia organizada
Buena parte de la inseguridad se explica por la descomunal presencia de organizaciones de la delincuencia organizada.
De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Michoacán es escenario de una hiperfragmentación de grupos de la delincuencia organizada, lo que ha ocasionado la coexistencia de 17 organizaciones de diferentes tamaños.
En entrevista, explicó que en los 113 municipios que integran la entidad hay presencia de al menos una organización.
En uno, Apatzingán, operan ocho; en dos (Aguililla y Múgica) siete; en cinco (Uruapan, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro y Tumbiscatío), siete; en nueve (incluyendo Morelia y La Piedad), cinco; en cinco, hay cuatro; en 30 tienen presencia de tres; en 31 hay dos y en 30 al menos uno.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en 110, es decir, solo en tres municipios no opera. El líder de esa organización criminal, Nemecio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es originario de Aguililla. Se tiene registro de operadores importantes de esa organización criminal en Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro y Morelia.
La organización Carteles Unidos, a la que el especialista describe como una alianza inestable, tiene presencia en 81 municipios a través de las bandas criminales denominadas Los Caballeros Templarios; La Nueva Familia Michoacana; El Cártel de Los Reyes; Cártel de Santa Rosa de Lima; Cártel de Sinaloa, mediante una facción de La Mayiza; el Cártel de Tepalcatepec y Los Viagras.
De esos, los más fuertes son Los Viagras, que es una escisión de Los Caballeros Templarios y tienen presencia en 44 municipios.
El Cártel de Tepalcatepec, en 72, principalmente de Tierra Caliente, en los límites con Jalisco; La Nueva Familia Michoacana, en 30, principalmente en la frontera con Guerrero y el Estado de México; El Cártel de Los Reyes, en 11, sobre todo en los límites con Jalisco; Los Caballeros Templarios, en nueve; El Cártel de Santa Rosa de Lima, en dos, que son Cuitzeo y Tarímbaro; y El Cártel de Sinaloa, mediante una facción de La Mayiza en Lázaro Cárdenas (donde se encuentra el puerto del mismo nombre).
Los Blancos de Troya, que son una derivación de Los Viagras tienen presencia en 11 municipios de Tierra Caliente y la zona metropolitana de Morelia.
Las otras organizaciones criminales son Los Correa, que opera en 13 municipios; Los Pájaros de la Sierra, en 11; Los Tena, en ocho; El Cártel de Zicuirán, en siete; Pueblos Unidos, en seis; El Cártel de La Virgen, en seis; Los Panchitos, en tres y Los Revuelta, en dos.
El reconocido investigador llamó la atención sobre que muchas de esas organizaciones tienen entre sus actividades ilegales la extorsión en distintas modalidades, lo cual afecta a prácticamente todas las actividades económicas.
El hecho de que haya muchas bandas criminales coexistiendo ha generado que muchas de ellas se inmiscuyan en asuntos políticos de distintas maneras, desde financiamiento de campañas electorales, compra de votos, asesinar aspirantes y candidatos a puestos de elección popular, así como operadores políticos.
<!–>Enlace imagen
Escenario político
En el ámbito político, lo que ocurre es que, si bien Morena es el partido dominante en la entidad, hay dos ínsulas opositoras.
Así lo considera el consultor político, Javier Rosiles Salas, quien describe que la primera de ellas está en Morelia, municipio gobernado por el panista Alfonso Martínez Alcázar y la otra en Uruapan, donde el movimiento de El del Sombrero no solo ganó la presidencia municipal, sino también la diputación federal correspondiente a ese distrito, con Guadalupe Araceli Mendoza Arias, así como dos diputaciones locales en las personas de Carlos Bautista Tafolla y Conrado Paz Torres, quien decidió separarse del movimiento a principios de 2025 y se sumó a la bancada del PRD.
El también catedrático de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán dijo a El Economista que, si bien no se trata de un movimiento homogéneo, sí está cobrando cierta fuerza.
Eso se explica, al menos en parte, por la fuerte presencia que tuvo el hoy fallecido presidente municipal y cabeza del movimiento en redes sociales.
De acuerdo con el académico, el homicidio ocurrió en un momento donde ese movimiento social comenzaba a cruzar las fronteras uruapenses. Incluso se le mencionaba con posibilidades para construir una candidatura al gobierno del estado en 2027.
Por ello, puede estar en condiciones de crecer, sobre todo porque es conocida su narrativa en contra de la inseguridad.
Lo cierto es que el asesinato del alcalde de Uruapan aceleró el proceso electoral para renovar la gubernatura estatal, donde, en Morena, hay una disputa entre el grupo del gobernador en funciones, Alfredo Ramírez Bedolla, con el del senador Raúl Morón Orozco.
No está garantizada la coordinación
Al respecto, Alberto Guerrero Baena, Consultor especializado en políticas públicas en materia de seguridad y movimientos sociales, destaca que el hecho de que el gobierno estatal y la mayoría de los municipales son surgidos de Morena, no garantiza que vaya a haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Primero, porque no ha existido jamás y, luego, porque al interior de ese partido político hay una serie de grupos confrontados.
El grupo político del senador, Raúl Morón Orozco y exaspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado; el diputado federal y exgobernador, Leonel Godoy; el diputado federal, Fidel Calderón Torreblanca y el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos, son figuras importantes de la facción dominante en Michoacán y está confrontado con el que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien tuvo que tejer una serie de alianzas desde 2021 para ganar la gubernatura, por ejemplo, con el grupo del exdiputado federal, Carlos Torres Piña.
Al inicio de la actual administración, Torres Piña fue nombrado secretario general de Gobierno, luego fue impulsado como candidato a la presidencia municipal de Morelia, pero perdió frente al PAN y regresó a la secretaría de Gobierno y posteriormente, en julio de 2025, fue designado por el Congreso como Fiscal General del Estado de Michoacán.
Como se recordará, en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó la candidatura a la gubernatura de Raúl Morón Orozco, por lo que entró al relevo el actual gobernador quien ahora impulsa como posibles candidatas al gobierno estatal a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladiz Butanta Macías; a la secretaria de Educación, Gabriela Desireé Molina Aguilar y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Fabiola Alanís.
En tanto, el senador Raúl Morón Orozco, construye nuevamente su postulación para las elecciones de 2027.
Gobernanza criminal
Para Alberto Guerrero Baena, lo relevante es el arraigamiento de la gobernanza criminal en diferentes regiones de la entidad.
Los cárteles se han incrustado en las estructuras de los gobiernos municipales como las que controlan los padrones de comerciantes, obra pública desde donde articulan un esquema de negocio criminal que se suma a sus otras actividades ilícitas.
El problema es que ante la debilidad institucional los presidentes municipales pueden hacer poco ante las organizaciones criminales que ejercen la extorsión y violencia de diversos tipos, incluidas las ejecuciones.
Por otra parte, destacó que el Plan Michoacán que ha comenzado a implementarse en esa entidad del occidente del país, se diseñó desde el centro del país, es decir, desde el gobierno federal y no desde el estado, que es el que padece la difícil situación de inseguridad.
En su opinión, si se tratara de un plan de acción producto de un trabajo de inteligencia adecuado, implementarían acciones de seguridad fortalecidas con acciones de inteligencia financiera para cortar el flujo de recursos económicos hacia las organizaciones criminales.
Para el académico, el plan que se implementa hoy es un cúmulo de los planes anteriores: El “Operativo Conjunto Michoacán”, puesto en marcha por el presidente Felipe Calderón; el “Plan Michoacán”, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto y el “Plan de Apoyo Michoacán”, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Combina un amontonamiento de fuerzas armadas, pero tiene dos problemas, primero no se sabe cuánto tiempo se van a quedar y, segundo, la sola presencia no va a acabar con la delincuencia organizada.
Diferentes realidades
Por otra parte, subrayó que a lo largo y ancho del territorio estatal se viven diferentes realidades, las cuales tienen que ver con una serie de particularidades que hacen difícil que prospere una sola estrategia para generar condiciones de seguridad.
Una cosa son las expresiones de violencia y los factores que las generan que se ven en municipios como Uruapan, Zamora o Morelia y otra lo que ocurre en otras regiones de la entidad.
En ese aspecto, el académico Víctor Sánchez Valdés, expuso que tal como ocurrió con la implementación de los anteriores planes Michoacán, lo que puede ocurrir es que en lo inmediato seguramente sí habrá una disminución de la incidencia delictiva, pero lo realmente importante es que se desarrollen capacidades institucionales locales que permitan generar condiciones de seguridad duraderas, como el fortalecimiento de las policías e instancias de procuración e impartición de justicia.
Enfatizó que para que eso ocurra, primero es necesario limpiar los cuerpos policiacos y, en general las instituciones actuales, de la influencia de grupos delictivos.
Recordó que cuando salieron del estado las fuerzas federales enviadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en su “Plan Michoacán”, se fueron fortaleciendo las facciones que surgieron de Los Caballeros Templarios ganando los espacios que dejaron libres las fuerzas armadas.
Un error que no podemos volver a cometer es pensar que una vez que supuestamente limpien la zona no van a resurgir organizaciones u otras no van a tomar los espacios que se dejarán libres, recalcó.
