Cuando Trump y la contrarreforma judicial se crucen
Ha tenido un doble efecto la manera como el gobierno de Donald Trump se ha vinculado, entrometido, en muchos de los asuntos internos de México y su gobierno.
El primero, el más obvio, es la incertidumbre que ha generado en todo tipo de contextos, el comercial, migración, seguridad, política interna, etcétera.
Pero, al mismo tiempo, la discusión monotemática de la compleja relación bilateral ha permitido al régimen generar una enorme cortina de humo que le permite que por detrás transiten muchos asuntos complejos, desde evidencias de corrupción de servidores públicos hasta el desmantelamiento del Poder Judicial que tiene su punto más lamentable dentro de dos semanas.
Hay algo más, la lamentable asimilación social de la violencia extrema que padece buena parte del país hace de los casos cotidianos un distractor sin exigencias reales de una sociedad sometida por el crimen organizado.
El punto es que, parece inevitable que pronto se puedan cruzar los dos caminos, el del injerencismo del gobierno estadounidense en asuntos propios de la soberanía mexicana y el trabajo casi consumado de apropiarse del Poder Judicial por parte del régimen actual.
Las denuncias del corte autoritario de la contrarreforma judicial, que permitirá la apropiación de este poder por parte del grupo político en el poder, rebasan las fronteras y alcanzan a organismos internacionales, grupos empresariales extranjeros y gobiernos de otros países.
Estos son sólo algunos de los que han advertido que en México hay peligros autoritarios con esa contrarreforma al Poder Judicial: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, la relatoría de la ONU para la independencia judicial, la Comisión Internacional de Juristas y muchos otros organismos independientes extranjeros.
En cuanto a las advertencias desde el sector privado y financiero figuran: Moody’s, Fitch Ratings, Morgan Stanley, Citi, Bank of America, Franklin Templeton y otros más para los que falta espacio.
Y, atención, porque entre los gobiernos extranjeros que han alzado la voz de advertencia están: el gobierno de Canadá, a través de su embajador y el gobierno de Estados Unidos, también a través de su representante diplomático, pero también a través del propio Congreso estadounidense.
Además, por supuesto, y dicho con total justicia, muchos organismos mexicanos que tienen la valentía de alzar la voz en contra de este intento autocrático, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la American Chamber o el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El punto es que lo que está cerca de culminar en una elección dirigida, desdeñada y muy probablemente manipulada, no pasa desapercibido para los que toman decisiones dentro y fuera de México, independientemente de la ausencia total en la discusión de una apática sociedad civil.
Y cuando acabando esta quincena se lleve a cabo esa elección, con todo y los candidatos vinculados, con el narcotráfico o con procesos judiciales abiertos, puede cobrar relevancia y generar atención internacional.
En especial, puede ser un asunto que despierte el interés de Donald Trump.
Y, claro, que digan lo que quieran, porque “a México se le respeta”, porque “no somos piñata de nadie”, pero puede añadirse el tema a los asuntos que el gobierno estadounidense cree que puede reclamar a México.
