Corte claudicó en confrontación con poderes para evitar tensión: Piña

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, afirmó que la historia del máximo tribunal constitucional del país no ha estado exenta de tensión entre los poderes del Estado.

“Los 200 años de historia de la Suprema Corte pueden también contarse a partir de una inevitable tensión entre los poderes públicos. Así, en algunos casos, a lo largo de su historia, la Corte ha tenido que confrontarse con otros poderes, en otras tantas situaciones, por el contrario, y de manera desafortunada, también podría decirse que la Corte decidió claudicar a su función de garante para evitar, precisamente, que aflorara y se desarrollara esa tensión”, dijo sin precisar a qué se refería.

Durante la ceremonia conmemorativa por dos siglos de existencia de la Corte, afirmó:

“Esta tensión, que a veces parece inevitable, ha desembocado en diversas opciones o en una crisis institucional. Esta también es la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Y que “podría darse cuenta de múltiples casos que pueden ser analizados a la luz de ese binomio, los amparos promovidos por los hermanos Flores Magón para intentar superar las censuras y ataques de los que fueron objeto por el régimen porfirista, los diversos juicios derivados de la expropiación petrolera, de la nacionalización de la industria eléctrica y de la banca”.

“De manera más reciente, cabe mencionar el análisis relativo a la apertura de nuestra industria eléctrica, la militarización de la seguridad pública y, en última instancia, cuando (la Corte) analizó la posibilidad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional (la del Poder Judicial)”.

A decir de Piña Hernández, si la Corte “tiene como mandato defender la Constitución, cumplir esta encomienda implicará tarde o temprano incomodar a los poderes públicos, fácticos o económicos o a todo aquel que pretenda, de algún modo, eludir dicha justicia. Si la tarea de la Corte es asegurar que se respeten los derechos y las libertades que la Constitución reconoce a todas las personas, entonces debe, invariablemente, procurar que todo poder público se ejerza dentro de los límites y con estricto apego a las reglas que la propia Constitución impone a todo funcionario público”.