¿Contralores deshonrados?
Ha pasado una semana del desalojo en el edificio ocupado por el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. Su titular, Arturo Serrano Meneses, y otros 10 mandos medios bajo su mando, ya habían sido cesados. Fulminantemente.
Nada se ha sabido sobre las razones que habrían motivado su destitución. Tampoco, si están sujetos a procedimiento administrativo o si enfrentan una denuncia de otro carácter. Serrano Meneses debió interrumpir forzadamente su segundo mandato, que expiraba hasta el 30 de abril del 2027.
En su lugar, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, encargó esa oficina al José Manuel del Rio Virgen, quien el Río Virgen fue se desempeñaba como titular de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica de la Auditoría Superior de la Federación.
Sin precedentes, la remoción del contralor de la fiscalía cimbró a los expertos en esas materias. Y más, porque la instancia competente sería la fiscalía Anticorrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, quien tendría que integrar el caso y fundamentar la destitución de los servidores públicos forzados a desalojar su área de trabajo por la fuerza.
“O se volvieron incómodos o efectivamente están involucrados en casos de corrupción”, refiere un ex auditor, familiarizado con procedimientos de investigación y fincamientos de responsabilidades. La información disponible en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación revela que esa instancia, encabezada actualmente por el economista David Colmenares Páramo, ha presentado 1191 denuncias penales derivadas de investigaciones realizadas en las cuentas públicas desde 1998 y hasta el 2022. Menos del 5% habían sido consignadas o judicializadas.
En esta historia, revelan cercanos a los funcionarios destituidos, tuvo un papel relevante el consejero general de la Fiscalía, Óscar Langlet González, pues en la víspera había ordenado el cese de Miguel Novoa, quien apenas cumpliría dos meses como titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental del órgano autónomo.
A diferencia del resto de los OIC’s de las dependencias, entidades y organismos desconcentrados de la administración pública federal, que están adscritos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los contralores de los órganos constitucionales autónomos son designados —por diseño constitucional— por la Cámara de Diputados.
Antes de Del Río Virgen, quien deberá ser ratificado, en San Lázaro había sido seleccionado otro cercano al monrealismo para el OIC del Inegi: Ángel Trinidad Saldívar, quien fue comisionado del IFAI. Justo la última contralora que tuvo el órgano garante de la transparencia fue Ana Patricia Sam Carbajal, también cercana al exgobernador de Zacatecas.
Efectos secundarios
INFORME. La noche del 12 de agosto, un elevador identificado como equipo 1906 —o B— del bloque de cines en el centro comercial Mítikah se detuvo de manera imprevista. Los ocupantes salieron por su propio pie y recibieron atención médica inmediata. El peritaje elaborado por Otis, fabricante e instalador del equipo confirmó que el elevador y el resto de los que operan en la plaza funcionan correctamente, sin anomalías ni riesgos detectados. La revisión técnica determinó que el evento fue provocado por una variación de voltaje derivada de las lluvias, sin relación con la infraestructura del edificio; también se han elaborado: un peritaje de seguridad estructural y de transportación vertical, sin hallazgos de riesgo; la solicitud de un dictamen independiente, y la revisión del fabricante.
DILACIONES. Desde hace once años, Zeta Gas ha estado en litigio. Miguel Zaragoza Fuentes y Evangelina López Guzmán convirtieron su divorcio en un compleja disputa que ha demandado la intervención de tribunales de Estados Unidos y Costa Rica, donde López Guzmán ha conseguido resoluciones favorables que han sido obstaculizadas por apelaciones, recursos y tácticas dilatorias, incluido el desacato en el que incurre el empresario, quien incluso ha debido enfrentar ordenes de aprehensión pero cuenta con un ejército de abogados que lo han librado de otras sanciones judiciales.
