Contención fiscal e inversión en infraestructura

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La presidenta de la República presentó su primer informe de gobierno el 1 de septiembre. En dicho acto, recalcó que el sector de infraestructura es y seguirá siendo una de las prioridades de su administración. En este sentido, el Plan Nacional de Infraestructura, anunciado por su gobierno, menciona que destinará alrededor de 811.0 mil millones para expandir y modernizar la infraestructura ferroviaria, portuaria y vial de México. Días después, el 8 de septiembre, el poder legislativo recibió de parte de la SHCP la propuesta de Paquete Económico 2026 para su discusión y futura aprobación. Propuesta que, sin duda, trae a cuestas los pendientes y logros del primer año de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los pendientes, a mi juicio, el más importante en su agenda sigue siendo el de las finanzas públicas. Lograr una consolidación fiscal sigue siendo el objetivo principal para finales de 2025: reducir el déficit presupuestario y contener el nivel de deuda (5.7% y 51.3% del PIB al cierre de 2024, respectivamente). La estrategia del gobierno en estos tres primeros trimestres del año ha sido simplemente ajustar el gasto programable y tratar de aumentar los ingresos. Reducir el gasto siempre es complejo. Esto por la presión que generan algunos rubros como el pago de intereses de la deuda, pensiones, transferencias a estados y municipios y, ahora también, los programas sociales. De tal manera que la reducción, durante estos meses de 2025, ha sido entre otros rubros en la inversión pública federal. Si bien se han observado recortes en el gasto público a todos los niveles, la inversión física en infraestructura (entre enero y julio) ha caído un 35.7%. Esto se suma a los recortes registrados en 2023 y 2024, donde las caídas anuales en la inversión física fueron de -4.35% y -0.14%, respectivamente. A pesar de que esta estrategia ha logrado avances importantes para reducir el déficit, limitar el crecimiento de la deuda y, de cierta forma, mejorar la confianza del mercado hacia el gobierno federal; paradójicamente el sacrificio viene del lado de crecimiento económico. A pesar de una recaudación tributaria en línea con lo presupuestado y a un consumo interno más resiliente a lo esperado, el país ha registrado una desaceleración económica en los primeros tres trimestres de 2025. Ante tal situación, los planes y decisiones de inversión del sector privado (tanto nacional como extranjero) también se han contraído. La primera por los menores recursos gubernamentales para obras públicas y la segunda debido a la política arancelaria de Estados Unidos y la incertidumbre comercial. Ahora que conocemos el Presupuesto de Egresos para 2026 y, con ello, el programa de inversión pública federal, la pregunta es si esto resulta ser realista considerando el espacio fiscal con el que pudiera contar el gobierno federal el próximo año. Es decir, cuánto del presupuesto quedaría disponible para gastar en otras cosas que no sean gastos obligatorios. Ciertamente, esto depende tanto de los ingresos tributarios que podamos recaudar como en la planeación del gasto federal. En principio, los ingresos presupuestarios estimados para el cierre de 2025 serían 21.9% del PIB y para 2026 del 22.5%. Esto gracias, según la SHCP, a la continuidad en la eficiencia fiscal, a las actualizaciones impositivas del IEPS y a un esperado repunte en los ingresos petroleros. Del lado del gasto neto presupuestario, para 2025, se espera que represente 25.5% del PIB y para 2026 del 26.1%. Ahora bien, después de la reducción en el gasto de inversión en infraestructura experimentada en lo que va del presente año, qué podemos esperar para 2026. En términos de inversión pública federal, el paquete económico 2026 propone asignar una buena cantidad de recursos para modernizar y mantener la infraestructura nacional (a saber, ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos). El monto total para los programas y proyectos prioritarios de inversión suma la cantidad de 536.8 mil millones de pesos. Se asignarán alrededor de 104.5 mil millones de pesos a proyectos ferroviarios, con el fin de lograr posicionar a México como un centro logístico en las cadenas de suministro globales (según la propia presidenta de la república). Esto se logrará, entre otras cosas, con la construcción de más de 3,000 km de nuevas líneas ferroviarias de pasajeros y carga para el final de la administración. Con respecto a la red de carreteras federales de nuestro país, se planea asignar recursos para conservar, mantener y repavimentar aproximadamente 45,465 km, donde destaca la construcción y modernización vial de 10 corredores prioritarios, a lo largo de los próximos cinco años, con una longitud total de 2,220 km en 14 estados del país. Durante este año y el próximo, se busca mejorar la infraestructura en varios aeropuertos: Loreto, Colima, Tepic, Ciudad Obregón, Puerto Escondido y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Finalmente, con relación a la infraestructura marítima, el gobierno erogará en los próximos años alrededor de 5.4 mil millones de pesos en proyectos portuarios en Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y otras terminales. Cualquier proyecto, de los muchos mencionados anteriormente, en caso de materializarse generará sin duda algún beneficio social. Es decir, la correcta inversión en proyectos de infraestructura siempre podrá reducir los costos de transporte, optimizar la logística, mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías, ampliar la conectividad y promover el desarrollo regional a mediano y largo plazo.

Finalmente, los recursos que se pretenden asignar a estos programas y proyectos prioritarios de inversión para 2026, deberían (quiero pensar) seguir formando parte de la estrategia gubernamental para continuar controlando el déficit fiscal federal y no aumentar la deuda. Si esto no ocurre así, en mi opinión, existen dos posibles caminos a seguir: 1) el rubro de inversión pública física, nuevamente, será de los primeros en sufrir recortes dentro del gasto presupuestario, o 2) podríamos echar mano del nuevo modelo de inversión pública y privada, nombrada por el gobierno federal como “contratos mixtos”. Aunque tendremos que perfeccionar su diseño, la certeza regulatoria y la transparencia en su implementación; estos contratos permiten a las empresas recuperar costos y compartir utilidades, mientras el estado mantiene la rectoría y el control sobre los recursos y/o los activos. _____ Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Senior Finanzas Públicas e Infraestructura. Síguelo en LinkedIn. Las opininones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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