Confirman dos criterios del extinto Inai
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres controversias constitucionales presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por las que demandó invalidar sus resoluciones, todas del año pasado; en dos casos fueron confirmadas las resoluciones del ente autónomo y en el tercero se concedió la razón a la fiscalía.
Resueltos bajo la ponencia de Loretta Ortiz Ahlf, los tres asuntos fueron aprobados en el sentido estricto de los proyectos de sentencia; los dos primeros, por mayoría de seis votos contra tres, y el otro por unanimidad.
Al analizar de manera conjunta las controversias constitucionales 291/2024 y 292/2024, el pleno resolvió reconocer la validez de las resoluciones controvertidas, mientras que con respecto a la controversia constitucional 314/2024 la resolución consistió en declarar la invalidez de la resolución del recurso de revisión 10043/2024.
Sobre los dos primeros casos, Ortiz Alf explicó que derivaron de dos solicitudes de información en que un particular pidió ser informado del nivel y nombre del cargo de dos servidoras públicas, el monto de su salario y el área en la cual se encontraban adscritas, todo lo cual es información pública porque está relacionada con su función.
Sin embargo, abundó, al responder la petición la FGR consideró que el nivel y denominación del cargo, salario y adscripción de ambas funcionarias debía ser clasificado como información reservada porque de ser entregada se podría identificar plenamente a dichas personas y, con ello, posiblemente causarles un daño personal e institucional.
La ponente propuso, y así se aprobó, confirmar la resolución impugnada porque desde su perspectiva “es evidente que no compromete las competencias’’ de la FGR “en materia de investigación’’.
En cuanto al tercer asunto, la FGR demandó la invalidez de la resolución por la que el Inai le ordenó entregar el acuse sin censurar de la demanda que originó la controversia constitucional 325/2019, que contiene los nombres de diversos funcionarios que laboran en sus diversas áreas; en su controversia, la fiscalía sostiene que la entrega del documento pone en riesgo no sólo la integridad de las personas involucradas, sino el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública.
El fallo dio la razón a la FGR por lo que se declaró la invalidez de la resolución impugnada.
