Con reforma a la Ley de Amparo, México sufre retroceso en competitividad, advierte Coparmex
Con la aprobación de reforma a la Ley de Amparo, México “da un paso atrás” en la competitividad, al debilitar la certeza jurídica y la legalidad, que se traduce en un mensaje negativo para los inversionistas con miras a la revisión del T-MEC, afirmó Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Pero no solo eso, advirtió, pues ahora las empresas, en especial las pymes podrían enfrentar embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuentas antes de que un juez resuelva si la autoridad actuó conforme al derecho.
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El empresario lamentó que el Congreso de la Unión modificara más de 30 artículos y que, lejos de fortalecer nuestro marco jurídico, “debilita uno de los pilares históricos más importantes del Estado de Derechos, que es el juicio de amparo”.
Refirió que el amparo ha sido el instrumento más valioso para proteger a los ciudadanos frente a los abusos del poder, utilizado por más de un siglo.
Pero, con las reformas, se elimina la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados, afectando la liquidez y la continuidad operativa de miles de negocios.
“Cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona”, sostuvo Juan José Sierra.
El dirigente del sector patronal del país sentenció que “el amparo no es un privilegio”, es un derecho humano consagrado en la Constitución Mexicana, por lo que restringirlo o hacerlo inaccesible equivale a debilitar el equilibrio entre gobernantes y gobernados, a reducir los contrapesos institucionales y a limitar la defensa de las libertades y derechos constitucionales.
De esta manera, las empresas que aglutinan a la Coparmex afirmaron que al modificar la figura, “México envía un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mostrar que las reglas pueden cambiar sin consenso, que las instituciones pierden independencia y que la justicia deja de ser confiable”.
En un contexto do nde México compite por aprovechar el potencial del T-MEC y del nearshoring, debilita la certeza jurídica y la legalidad, y es, sencillamente, “dar un paso atrás en competitividad”.
“Sin Estado de derecho, no hay inversión. Sin justicia independiente, no hay democracia. Y sin confianza en las instituciones, no hay futuro sostenible”, acotó.
El sector empresarial no busca privilegios, expuso, exigimos es igualdad ante la ley, certidumbre en las reglas y equilibrio en los poderes públicos.
