Competencia económica: nuevas leyes, viejos retos
En los próximos meses se emitirán las nuevas leyes en materia de competencia económica y telecomunicaciones, que darán lugar a la creación de nuevas agencias reguladoras. Derivado de ello, las facultades en materia de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión retornarán a la autoridad de competencia y la aplicación de las medidas regulatorias recaerán en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Algo parecido a lo que ocurría antes de la reforma constitucional de 2013, que separó la aplicación de la política de competencia en dos organismos autónomos, Cofece e IFT.
Con ello se espera mayor congruencia y ganancias de especialización en la aplicación de los instrumentos de la política de competencia. Sin embargo, también es probable que retorne la excesiva litigiosidad prevaleciente antes de la reforma de 2013, pues al separar las funciones de evaluación de las condiciones de competencia de la aplicación de la regulación respectiva, habrá una doble ventanilla que podría ser aprovechada por los grupos económicos para impedir o postergar la aplicación de medidas regulatorias.
El contexto podría complicarse más si se considera el cambio tecnológico acaecido en los últimos años, que dio lugar al surgimiento y consolidación de nuevos modelos de negocios en el ámbito digital, ante lo cual las autoridades intentarán aplicar medidas correctivas para combatir barreras a la competencia y libre concurrencia así como para regular el acceso a insumos esenciales.
Aunque no está previsto que haya modificaciones conceptuales en dichas herramientas legales, sí habrá cambios en el plano operativo, por la nueva interacción que tendrá que haber entre los nuevos órganos reguladores. Cofece evaluará las condiciones de competencia y la ATDT implementará la regulación.
De tal forma, al concretarse las reformas legales, la investigación de barreras e insumos esenciales en el ámbito digital serán efectuadas por parte la agencia antimonopolios. Estas investigaciones, que son percibidas como el instrumento para limitar la presencia de los gigantes digitales, pueden derivar en distintas medidas correctivas, entre ellas recomendaciones a otras autoridades, órdenes a los agentes económicos para eliminar barreras, lineamientos regulatorios respecto de acceso, tarifas y condiciones técnicas e incluso desincorporación de activos. La ATDT, el regulador sectorial, será el órgano encargado de implementar algunas de estas medidas.
Este nuevo arreglo suscita dudas de variada naturaleza: i) en el ámbito analítico requerirá de preservar y desarrollar capacidad técnica en ambos reguladores para entender el funcionamiento de industrias de naturaleza compleja; ii) en el ámbito de la coordinación, habrá interferencia por la mayor posibilidad de litigiosidad por los grupos privados; iii) en el ámbito del diseño institucional, suscitará discusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de nuestro país en el TMEC; iv) la estructura de la agencia antimonopolios y la ATDT será distinta, pues la primera será un órgano colegiado y la Agencia contará con un titular.
El TMEC obliga a sus socios a contar con organismos reguladores de telecomunicaciones independientes e imparciales. Diversos negocios digitales, por ejemplo la descarga de contenidos audiovisuales, fueron considerados dentro del ámbito regulatorio del IFT, por lo cual existe la posibilidad de que prevalezca la interpretación de que la implementación de medidas regulatorias derivadas de declaratorias de la autoridad de competencia corresponda a la ATDT.
Es incierto si la nueva estructura propuesta será considerada satisfactoria a los ojos de los socios comerciales, pues modificará la actual configuración de órgano colegiado y podría generar dudas respecto de la aplicación de las políticas. Dado que la mayoría de las empresas más relevantes en el plano de la economía digital son de los EUA, es posible que se presenten inquietudes que complicarán el panorama de las negociaciones comerciales próximas y que podrían conducir a la discusión sobre la necesidad de preservar una estructura colegiada en materia de regulación de mercados digitales y de telecomunicaciones.
*Socio Director de Ockham Economic Consulting.
