Comparece Secretaría de Anticorrupción y buen Gobierno ante el Congreso del Estado

MEXICALI, NOVIEMBRE 21,2025.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público presidida por la diputada Alejandra María Ang Hernández, recibió en comparecencia a la Titular de la ,Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, con el propósito de conocer los avances, resultados y desafíos de la dependencia durante el periodo informado.

Durante la ronda inicial de preguntas, la diputada Alejandra Ang solicitó un informe detallado sobre el avance en la vinculación a proceso de un proveedor estatal acusado de causar daño patrimonial al ISEP, así como los retos actuales del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF). La funcionaria estatal indicó que en febrero fueron vinculados a proceso, una persona ex servidora pública, una persona servidora pública y el proveedor; por otro lado, indicó que ya se establecieron los estatutos legales del SEF para fortalecer su operación.

La legisladora Dunnia Montserrat Murillo, cuestionó los hechos relacionados con la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos del Municipio de San Quintín y las acciones aplicadas en materia de fiscalización. La secretaria informó que ya se realizó la firma del convenio con DeclaraNet, para mejorar la rendición de cuentas de cada una de las personas que laboran en el Ayuntamiento y la evolución patrimonial, por lo que se mantendrá la vigilancia y acercamiento con el municipio.

En su participación el diputado Diego Echevarría, abordó dos temas prioritarios: la denuncia contra la empresa Fisamex y las acciones realizadas respecto a la deuda de los Ayuntamientos con el Issstecali. La entidad señaló que en el caso de Fisamex existen 14 procedimientos abiertos y por parte del Issstecali está en proceso de celebración de algunos convenios, sin embargo, el proceso continúa y ya existe un procedimiento en TEJA por abuso de funciones.

En otro sentido la diputada Michel Sánchez, preguntó sobre denuncias por hostigamiento, acoso, abuso sexual, han recibido y el caso de COEPRIS, así como el cumplimiento a la Ley Daryela. La secretaria indicó que se han dado muchas atenciones en la materia y la Consejería Jurídica está por emitir el protocolo de quejas y denuncias, para fortalecer las actuaciones y garantizar el cumplimiento del protocolo.

Por su parte la diputada Alejandrina Corral, planteó inquietudes en materia de seguridad, particularmente sobre el contrato aprobado por el Congreso para las cámaras y los botones de pánico; además del tema de la denuncia sobre medicamento caduco en Ensenada. La secretaria indicó que se revisarán ambos temas para darles seguimiento puntual.

Respecto a las quejas y denuncias de particulares contra funcionarios públicos y cuántas sentencias existen y el monto económico recuperado, la diputada Julia Andrea González y el diputado Fidel Mogollón solicitaron cifras. La funcionaria estatal señaló que, de manera preliminar, se ha recuperado 800 millones de pesos.

La diputada María Yolanda Gaona señaló la falta de aprobación de las cuentas públicas de Isesalud y Cobach, estas entidades tienen recursos de participación federal y caen en omisiones. La secretaria indicó que la Auditoría Superior de la Federación ha enviado 46 procesos por falta no grave, la ASEBC mantiene acercamientos e investigaciones activas en ambas instituciones.

El diputado Jaime Cantón, cuestionó el caso de la transmisión en vivo desde el penal La Mesa de Tijuana, por dos mujeres privadas de la libertad, a lo que la funcionaria respondió que se activó el Grupo de Reacción Inmediata, se realizaron entrevistas, investigaciones, se integraron carpetas y se iniciaron procedimientos tanto administrativos como penales.

La diputada Angélica Peñaloza, solicitó información respecto al impacto y el costo de la campaña “denuncia de inmediato”, que se realiza a través de unidades móviles. La dependencia reportó 654 atenciones, de las cuales se derivaron dos denuncias penales y dos procedimientos administrativos, destacando la participación de contralores sociales y órganos internos de control en este proceso.