¿Cómo afecta el Big Brother digital?: autoridad fiscal te vigilará en Netflix, Amazon, Uber y Tinder

Si eres usuario de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney Plus, compras en Amazon o Mercado Libre, gustas de conocer gente a través de aplicaciones de citas como Bumble y Tinder o te desplazas a través de apps como Uber y Didi, esto te interesa.
A partir de abril de 2026, la autoridad hacendaria tendrá acceso a los movimientos que realices en el mundo online, lo que muchos llaman ya el Big Brother digital; específicamente, “en la descarga o acceso a diverso contenido conocido como streaming, los de intermediación entre terceros, clubes en línea y páginas de cita, así como enseñanza a distancia o de test o ejercicios”.
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De acuerdo con el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, el acceso que tendrá el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se limitará “únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.
La Cámara Baja palomeó ajustes al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), en el cual se establece la obligación de los prestadores de los servicios online de permitir a las autoridades fiscales, “en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas o registros que esté relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen”.
El objetivo, según la propuesta aprobada por los legisladores, es mejorar la eficiencia recaudatoria y tener mayor equidad en el cobro de impuestos. Así, el SAT será el encargado de establecer las características o especificaciones de los registros y sistemas de cómputo.
En caso de que las plataformas incumplan con este mandato, habrá un bloqueo temporal del servicio, lo cual impactará también al usuario.
La reforma al artículo 30-B, así como otros cambios avalados en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, debe ser analizada y, en su caso, aprobada por el Senado en los próximos días. Sin embargo, no se esperan cambios al respecto.
¿Qué dicen los expertos?
Pese a que el gobierno asegura que se garantiza la privacidad de los usuarios, existe mucha inconformidad en el sector.
El creador de contenido tecnológico Francisco Chávez, conocido como Paco Web, señaló que, si antes los usuarios tenían que cuidar su privacidad en el sentido de que no lo fueran a hackear, a enviar un correo malicioso o mandar el link de una página con virus, ahora debe cuidarla de las autoridades fiscales, porque todo estará bajo escrutinio.
“Ya no vamos a poder hacer nada tranquilamente, porque no vas a saber si porque hayas comprado por Amazon un Lego, pedido un café por Uber o bajado la película de K-pop Demon Hunters 48 veces, te van a revisar”, dijo.
Ante ello -en un video donde expuso el tema- vaticinó el crecimiento del mercado negro, porque la población va a buscar alternativas para no estar en el sistema, para que no estén hurgando en su vida, lo que ve en Netflix o compra en Mercado Libre.
Recordó que el acceso a la información de servicios digitales era posible sólo con una orden judicial y en casos muy particulares, como, por ejemplo, el de una persona que llevaba cinco años sin pagar impuestos.
Al respecto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales considera que esta medida es incompatible con el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios en Internet. Además, la califica de desproporcionada, porque permite una invasión total, permanente y en tiempo real, sin ninguna salvaguarda o control judicial.
Añade que el bloqueo de páginas, plataformas y servicios, aun cuando sea temporal, es considerado una medida extrema similar a la del cierre de una televisora o un periódico y está únicamente justificado para los casos más extremos en los que se trate de evitar la difusión de contenidos de abuso sexual infantil o la incitación al genocidio.
Por su parte, 15 asociaciones de la industria digital comentaron, en un comunicado conjunto, que esta iniciativa es algo inédito en México.
“La medida es innecesaria, desproporcionada e inconstitucional, al permitir un acceso sin límites a información sensible de los usuarios, comprometiendo la privacidad, los datos personales y el debido proceso”, señalaron.
Además, consideraron que el mecanismo de bloqueo administrativo de plataformas que se nieguen a otorgar este acceso equivale a un instrumento de censura que afectaría la libertad de expresión, la certidumbre jurídica y la confianza en la economía digital.
El documento fue firmado por las asociaciones Latinoamericana de Internet (Alai), Mexicana de Agencias de Promociones (Amapro) y Mexicana de Venta Online (AMVO), así como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), entre otras.
Puedes escribir tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx