Claudia Sheinbaum presenta iniciativa de reforma constitucional sobre extorsión
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso reformar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de extorsión.
Aprobada la iniciativa presidencial de enmienda constitucional por el constituyente permanente, el Poder Legislativo Federal podrá expedir la nueva ley de la materia.
“Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y, de manera cada vez más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad’’, cita la exposición de motivos del proyecto.
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Y que se requiere expedir un marco legal para homogenizar la concurrencia de atribuciones entre la Federación y las entidades federativas para combatir el delito de extorsión.
La ley general correspondiente, consigna, establecerá políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres niveles de gobierno, desarrollar mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública privilegiando el uso de tecnologías y sistemas de inteligencia informática para su investigación, y disponer mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones de seguridad mediante la definición de atribuciones comunes en la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión.
“Una definición amplia del delito de extorsión que abarca los elementos que puedan admitir una mayor cobertura sobre el modus operandi y los bienes jurídicos tutelados es aquella que lo concibe como una conducta ilícita que se configura cuando una persona, con ánimo de conseguir un lucro o provecho coaccione, amedrente o amenace, por cualquier medio a otro con causar daños morales, físicos o patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o moral con quien éste tuviere ligas de cualquier orden, para dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo’’, precisa.
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Así como que la expansión y alta incidencia del delito se explica en virtud de sus propias características ya que actualmente existe una pluralidad de medios comisivos tales como instrumentos telefónicos, electrónicos y tecnologías de apoyo que permiten al agresor no tener contacto directo con la víctima, además de que la extorsión se presenta en múltiples modalidades y aumentan las estrategias que facilitan su comisión en cualquier lugar o región del país o fuera de este, pero con ejecución en el territorio nacional.
De manera recurrente, detalla, la extorsión ha sido utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que en estos casos su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas en lo individual, sino también forma colectiva ya que se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad, cuando se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas.
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“La delincuencia organizada incluso ha amenazado a funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan; de esta forma emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado’’.
Cifras oficiales, a partir de denuncias presentadas ante fiscalías estatales, revelan que la incidencia del delito de extorsión aumentó 57.62% entre 2018 y enero pasado; mientras que en 2018 se cometieron 18.89 extorsiones diarias, al iniciar el año en curso se registró un promedio de 29.77 al día.
Presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa presidencial fue enviada a la Cámara de Diputados donde iniciará, como cámara de origen, su trámite legislativo.
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