Capilaridad bancaria

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La táctica fue cuidadosamente diseñada, y mejor ejecutada. Es claro que en los Estados Unidos de América saben que, de haber puesto en predicamento a alguno de los grandes bancos, habrían ocasionado inestabilidad del sistema bancario mexicano, generando una desastrosa disrupción en el sistema de pagos. Esto es, que tendrían que lidiar con un país en crisis, pero peor, que tal evento habría sido provocado por ellos, concitando, por enésima vez, que la presidenta se envolviera en su sobado discurso xenofóbico.

Quirúrgicamente, escogieron a intermediarios que tienen más de un negro en el arroz, y cuyo tamaño carece de relevancia sistémica. Sin embargo, lograron el objetivo, dejaron claro que por más que la autoridad financiera mexicana pretenda lavar cara a sus supervisados, el resultado será el mismo, la caída del apestado. El oportuno alejamiento de citi encuentra eco en lo que seguramente en algún momento fue un requerimiento de su regulador. Su salida, nos hace suponer que algo saben y que no tiene intención de continuar siendo parte del cuestionado sistema bancario mexicano. Sabemos ahora que bastan unas cuantas horas para que cualquier intermediario que sea objeto, no de una formal acusación, sino de una mera investigación, pierda credibilidad en lo local y en lo internacional. Sí, es de concluir que más allá del Bravo está quien detenta el derecho para vedar el operar como banco en México. El tamaño o peso de éste pierde significancia, ya que, lo de too big to fall , aplica sólo localmente. No se requieren misiles, tropas, drones, o ningún equipo bélico para poner, a quién sea, el traje de piñata. Los ayatolas se cansaron de decir que no lo eran. La subsistencia de ningún banco en México preocupa a Washington, a cualquiera le puede caer el temible oficio que es peor que la rompebunkers. Hoy, todos los intermediarios, lo sepan o no, son dóciles auxiliares de las agencias investigadoras del gobierno americano. Ese tema no es menor, allá saben que el sistema bancario mexicano carece de efectivos controles, dado que José Antonio Meade estructuró un sistema que propició una lamentable permeabilidad de las instituciones, misma que condujo a un desorden generalizado en materia de combate al lavado de dinero. Para evitar el tener que atender el rescate las entidades que integran lo que hoy llaman financiamiento popular, aquel permitió a éstas seguir jugando el peligroso juego de la desregulación, y, como parte de esa criminal permisividad, garantizó a miles de sociedades, cajas populares y todo tipo de engendros financieros, el acceso a cuentas bancarias. Al existir no cientos, sino miles de cuentas detentadas por las entidades desreguladas, que a partir de ahora denominaré Entidades Meade, existen bases fundadas y razonables para abrir o conducir una justificada revisión, valoración o investigación en cualquier banco que tenga abierta cuenta a alguna de las inefables entidades captadoras de recursos en territorio nacional, lo que hacen ellas, tanto en efectivo; cheques de caja, como en múltiples instrumentos que aseguran el anonimato de quien les entrega. Para entender a cabalidad como opera el sistema financiero del crimen organizado, esto es, el sistema circulatorio de todas las actividades irregulares que en este país gozan de velada tutela y protección, es preciso entender cómo se acopian y concentran enormes caudales que, se dice, provienen sustancialmente de la cobranza de miles de “créditos” otorgados por parte de las Entidades Meade, las cuales, “cobran” miles de millones para después depositarlos, ya “justificados” en cuentas de algún banco. Nadie sabe, ni da seguimiento al origen de los recursos que se afirma permitieron el otorgamiento de tales créditos, ni tampoco, a donde van a parar las enormes utilidades de tales intermediarios, que, tarde o temprano, se convierten en dividendos, los cuales, terminan transformándose en activos de toda índole. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto de lo depositado por las Entidades Meade es parte de la operación cotidiana de esos gestores financieros, o si son sólo partidas que fondean opacamente el reparto de dividendos a accionistas no registrados, ni validados por autoridad alguna. Ese sistema paralelo, al que se debió poner fin en la primera década del presente siglo, es un trabuco que permitirá dirigir el dedo flamígero prácticamente a cualquier intermediario, por más estricto que sea su marco de cumplimiento ( compliance) , ya que el problema, o lo ocultable, ocurre o se presenta, respecto de sujetos; actividades, e ignotos orígenes del dinero que, desde hace muchos años, se dice, están relacionados con la generación, o contable creación, de cartera; o bien, recuperándola, o cediéndola. Lo que ocurrió con el bufo fideicomiso creado para meter debajo del tapete el problema, en muchos casos, propicio la “formalización” de las cuentas bancarias, o mecanismos de cobro, de esas entelequias que jamás debieron ser fomentadas. El número, penetración territorial y falta de un marco legal adecuado para ello, no hará difícil, sino imposible, el hacer una revisión de lo que ocurre en el amplísimo sistema desregulado, así como el detener, controlar o rigidizar la relación de las Entidades Meade con el sistema bancario mexicano. Lo que las autoridades financieras no entendieron en los primeros años de este siglo, si lo entendieron las organizaciones criminales, mismas que se aprestaron a armar un rescate subrepticio de esos miles de sociedades que estaban, más que quebradas, cuando el IPAB decidió deslindarse del problema. Se endilgó a Nafin el ocultamiento de lo que tenía tinte de crisis en los sectores o segmentos de menor capacidad económica, que son, precisamente, los que acuden a solicitar los servicios de las entidades de que se trata. Así es, el tema era particularmente espinoso hacia finales de la gestión de Vicente Fox, y explosivo, a finales del sexenio de Felipe Calderón. Siendo titular de las finanzas públicas, Meade decidió el dejar al garete a miles de empresas cuasi bancarias, ya que implicaría un enorme gasto con cargo al erario, y constituiría un Pobreproa, como le llamaban sus cercanos, el cual, acabaría con sus aspiraciones presidenciales. Analistas anticipaban el incumplimiento generalizado de ese tipo de intermediario, pero, sorprendentemente, ellas fueron encontrando soluciones “regionales”, cambiando de manos. La infausta desregulación permitió que no se verificará la identidad, ocupación o giro de quienes compraron, ni mucho menos, de dónde procedían los recursos que permitieron mantener operando a esas entidades, las cuales, durante su gestión al frente de la dependencia, mostraban balances entintados en rojo. La pregunta que se dice finalmente fijaba precio, era el número de cuentas bancarias abiertas por la sociedad adquirida, así como el número de créditos otorgados emproblemados. Hoy, se trata de un hoyo negro de donde sale y entran recursos, que difícilmente podrán explicar las autoridades financieras. La respuesta no la tendrán los bancos, tampoco la CNBV. GAFI tiene ante sí algo inédito. Sale de todo parámetro, de toda medida. Se trata de un universo que desregula, lo regulado, que ensucia lo que toca. Habrá que ver cuantas instituciones bancarias se encuentran exentas de cuentas que, directa, o indirectamente, se entreveran con las Entidades Meade. De nada sirve el dictamen de “ compliance ” e inútiles resultan las medidas antilavado, si en el padrón de clientes se encuentran las muy cuestionables entidades, que, fácil y rápidamente pueden llevar a transacciones no sospechosas, sino abiertamente cuestionables. La pulverización, a través de masivos registros de acreditados, que no siempre tienen identificaciones oficiales, pero siempre pagan puntualmente, fue una clara táctica empleada por quienes querían dar origen cierto a lo que no lo tenía. Ese mecanismo es usualmente empleado por quienes algo tienen que ocultar ¿Será que los encargados de aplicar la normativa en los grandes bancos tuvieran el cuidado de analizar y verificar los sistemas de identificación de los acreditados de las Entidades Meade, ello, al momento de que abrieran cuentas bancarias? No vaya siendo que no. De no haberlo hecho, habrían comprado el origen de recursos de toda índole.

En el análisis de la penetración territorial, estratificación social, y distribución por segmento de remesas regionales, la participación de estas entidades resultará más que reveladora. Riesgoso, por demás, resultara que el Gobierno de la República ofrezca, y peor, que lleve al cabo el reembolso de impuestos a cargo de particulares, no sólo porque la ley mexicana lo prohíbe, sino porque además precisaría hacer un puntual escrutinio de quien remite; de quien recibe, así como de las actividades que generaron la base del impuesto. ¿Será que seguiremos jugando a la gallina ciega en materia de origen de tales flujos? De establecerse un padrón de receptores, beneficiarios de las remesas del bienestar, ello podría involucrar un programa social con complejos personajes e intereses que, tarde o temprano, no podrán explicar los funcionarios operadores del ilegal subsidio. Antes de hacer declaraciones, tomar posturas rijosas, o hacer tronantes manifestaciones en torno a lo que han resuelto autoridades que cuentan con un acervo desconocido de información, siendo éste el alimentado por los muy accesibles y cooperadores sujetos que han decidido colaborar con las agencias que combaten al tráfico de sustancias ilegales, harían bien las autoridades mexicanas en ponderar lo que ha pasado en las dos últimas décadas. Sí, lo que hayan declarado los obsequiosos informantes no debe desestimarse como fuente de los señalamientos hechos recientemente, por lo que, lo mínimo, es ser cauto. Esto, tomada cuenta de que no existe información clara sobre lo que ha venido sucediendo en los sistemas financieros y de pagos, auspiciados por la política avestruz que tomará la gestión Calderón, teniendo a Meade como su instrumentador. _____ Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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