Buscan tratamiento por drogas 172,000 personas
El consumo de sustancias psicoactivas en México continúa en ascenso y, con ello, también la demanda de atención. Durante 2024, más de 172,000 personas buscaron tratamiento por consumo de drogas en la Red Nacional de Atención a las Adicciones, según datos presentados durante el foro “Uso de sustancias, autocuidado y salud pública”.
Las cifras revelan que el 49.1% de los casos se relacionaron con metanfetaminas, seguido por el consumo de alcohol (21.8%), marihuana (13.3%) y cocaína (6.8%), lo que da cuenta del peso creciente que tienen los estimulantes sintéticos en el panorama nacional.
Frente a este escenario, especialistas en salud pública y organizaciones civiles exigieron una transformación de fondo en la estrategia nacional: dejar atrás el enfoque prohibicionista y adoptar un modelo basado en la reducción de daños. Aseguraron que la actual política, centrada en la criminalización, no sólo ha fracasado en contener el consumo, sino que ha incrementado los riesgos para quienes usan estas sustancias, al empujarlos a mercados ilegales y dificultar el acceso a atención médica segura.
“La reducción de daños no pretende eliminar el riesgo por completo, sino minimizar sus consecuencias de forma efectiva. No es un enfoque moralista, sino una estrategia basada en la realidad social y en la evidencia científica”, señaló el Dr. Randall Rodríguez, representante de la Red Centroamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos y Daños Sanitarios (REDACCA).
Durante el foro —organizado por el Centro de Libertad Responsable (CE LIBRE) en colaboración con la Clínica Especializada Condesa— se destacó que, a diferencia de México, varios países han optado por regular herramientas de menor daño como los dispositivos electrónicos de nicotina, lo cual ha probado ser una medida más efectiva que la simple prohibición.
“La prohibición retrasa la disminución del consumo. Hemos notado que, en lugar de acercar a las personas a los servicios de salud, las aleja, porque temen ser juzgadas por realizar algo ‘prohibido’”, explicó Manuel Arellano, subdirector de Atención Comunitaria de la Clínica Especializada Condesa.
Los especialistas coincidieron en que las políticas de salud pública deben estar ancladas en la evidencia científica, pensadas a largo plazo y construidas con la participación activa de las comunidades. Además, se consideró que el prohibir estas sustancias no previene, pero educar, regular y acompañar puede salvar vidas.
