Buscan terminar con transferencia de títulos de agua
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca revertir la mercantilización del agua, ordenar las concesiones y garantizar el derecho humano al agua consagrado en la Constitución, afirmaron autoridades del gobierno federal.
“El agua deja de ser una mercancía. Es un recurso de la nación y debe administrarse con justicia, eficiencia y orden. Lo que proponemos es terminar con el descontrol heredado desde 1992, cuando, en el periodo de Salinas, se permitió vender y transferir títulos entre privados sin control ni vigilancia”, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre las propuestas que envió al Congreso ayer.
La mandataria mexicana detalló que en los cambios se prohíbe las transmisiones y ventas de concesiones, elimina los cambios de uso sin autorización y devuelve al Estado la facultad exclusiva para reconcesionar los volúmenes que no se usen o se devuelvan.
“Agua que no se usa, regresa a la nación. Si alguien cambia el uso de suelo o deja de utilizar su concesión, debe devolverla a la Conagua, que decidirá a quién reasignarla según criterios técnicos y de disponibilidad”, explicó.
También, destacó que el proyecto fue resultado de un proceso de consenso y diálogo con usuarios, municipios, estados, industriales, comunidades indígenas y académicos, luego de foros nacionales organizados por Conagua a inicios del año.
“No es una sorpresa, sino una propuesta discutida, plural y necesaria para garantizar el futuro hídrico del país”, dijo.
Sanciones y cambio
de modelo
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que el nuevo marco jurídico integral busca “revertir el modelo privatizador y extractivista” que permitió el acaparamiento del recurso, para sustituirlo por un sistema sustentable, equitativo y con participación ciudadana.
Por su parte, el director general de la Conagua, Efraín Morales López, aclaró que los actuales concesionarios “mantendrán sus derechos vigentes”, pero deberán cumplir con los nuevos estándares de responsabilidad hídrica y transparencia.
Añadió que las prórrogas de derechos serán condicionadas al cumplimiento de obligaciones fiscales y técnicas; se eliminará la posibilidad de cambiar de tipo de concesión; habrá un Registro Nacional del Agua, con trazabilidad y control público para evitar corrupción y habrá sanciones más severas por uso indebido, robo o explotación ilegal del recurso, con penas de 1 a 10 años de prisión.
