Avanzan leyes en materia de desaparición
Las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron por 20 votos de Morena y aliados del PVEM y PT, cinco del PRI y MC en contra y cuatro abstenciones del PAN, el decreto por el que se reforman la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
El decreto fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para agendar su discusión y votación por el pleno cameral en la sesión extraordinaria de hoy.
La reforma pretende potenciar las capacidades del gobierno federal, con el apoyo y coordinación de los gobiernos estatales, para reforzar las instituciones y normas que permitan realizar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas de manera eficaz y bajo protocolos que respeten los derechos humanos.
Los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, detalla, son oportunos para que el Estado, en su conjunto, responda de manera más efectiva contra agentes gubernamentales, grupos delincuenciales y particulares que cometen este delito de alto impacto social.
Por el PRI, Néstor Camarillo advirtió que la reforma es peligrosa y antidemocrática; “la creación de una plataforma única de identidad es una propuesta disfrazada de modernización, pero en el fondo lo que estamos viendo es que es un control, es un mecanismo de vigilancia masiva y de control político y de presión”.
Alejandra Barrales (MC) calificó de verdaderamente preocupante que la Clave Única de Registro de Población (CURP) contenga huellas dactilares y fotografía y que se establezca el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes..
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que la discusión fue sin parlamento abierto y sin la participación de familiares de personas desaparecidas.
La organización criticó con dureza el proceso legislativo que considera opaco y regresivo, al advertir que las modificaciones propuestas no abordan las causas estructurales de la crisis humanitaria por desapariciones que enfrenta México.
