Auditorías, registros y certificación, así es la Ley de Igualdad Salarial que propone Morena

En la Cámara de Diputados se impulsa la creación de la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, un marco regulatorio con nuevas obligaciones para los empleadores con el fin de evitar la brecha salarial de género, esto incluye medidas como auditorías de remuneración, mecanismos de transparencia en los pagos y certificaciones.
La nueva Ley es impulsada por la diputada Julia Arcelia Olguín Serna (Morena) y plantea una aplicación obligatoria para empresas e instituciones públicas. Además, establece nuevas facultades para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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A decir de la legisladora, si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) ya contiene algunas disposiciones sobre la no discriminación por género, “su aplicación y eficacia son limitadas (…) la brecha salarial sigue siendo una realidad, lo que hace evidente la necesidad de medidas adicionales y específicas para asegurar la igualdad salarial”, argumenta la diputada en el proyecto.
Estas son las obligaciones para los empleadores que se proponen con la nueva legislación:
- Garantizar la igualdad salarial por trabajo de igual valor
- Establecer criterios objetivos y transparentes para la determinación de los salarios
- Realizar auditorías salariales periódicas, con una frecuencia mínima de cada dos años
- Elaborar y aplicar planes de igualdad salarial, que incluyan medidas para corregir las posibles discriminaciones identificadas
- Proporcionar información clara y accesible a los trabajadores sobre sus derechos en materia de igualdad salarial
- Abstenerse de solicitar información sobre el historial salarial de los aspirantes a un puesto de trabajo
- Garantizar que los sistemas de compensación sean transparentes y basados en criterios objetivos relacionados con el desempeño y las habilidades, y no en el género.
Además, la nueva Ley incorpora el principio de transparencia salarial en las relaciones de trabajo, esto engloba, además de las auditorías, registros salariales, sistemas de valoración de puestos para fijar las remuneraciones y el derecho de las personas a la “información relevante sobre las políticas salariales y sus propias retribuciones”.
Por otra parte, los planes de igualdad salarial serían obligatorios para los centros de trabajo con más de 50 empleados. Las empresas podrán aspirar a un “Certificado de Igualdad Salarial”, un distintivo que demostrará que no tienen brecha de remuneración por género.
La Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres también contempla que los empleadores que tengan discriminación salarial realicen los pagos retroactivos a las personas afectadas.
De acuerdo con el proyecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sería la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la nueva legislación; además, la dependencia tendría la obligación de realizar estudios sobre brecha salarial y promover “la sensibilización y formación en materia de igualdad salarial para empleadores y empleados donde se les informará sobre los derechos de igualdad salarial y prácticas no discriminatorias”.
En tanto, la Secretaría de la Mujer tendría la responsabilidad de desarrollar una Guía técnica para la realización de auditorías salariales.
La Ley plantea un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor, para que todos los empleadores cumplan con las nuevas obligaciones.
Brecha salarial, el dinosaurio sigue ahí
El año pasado el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para reconocer la brecha salarial de género y comprometer al Estado en su erradicación. Pero poco se ha logrado luego de esos cambios legales.
La última medición de Pobreza Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidencia que las mujeres tienen un ingreso laboral de 25% menor al de los hombres; es decir, por cada 100 pesos que ellos ganan, ellas perciben 75 pesos.