Aseguradoras, ¿Amnistía fiscal o cambio de reglas?

Las aseguradoras del país, o al menos, el 30% de ellas, algunas de las más importantes, ¿obtuvieron un generoso perdón fiscal de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum?

¿O simple y sencillamente el gobierno cambió las reglas y mediante la amenaza fiscal logró que las aseguradoras reconozcan los nuevos términos?

Todo apunta a ésta última opción.

AL FILO DEL CADALSO

Colocadas al filo del cadalso, una veintena de aseguradoras que operan en México, en el último minuto, de facto, libraron un escenario catastrófico: su quiebra técnica.

De hecho, el gobierno y los legisladores, transitaron por el filo del abismo que, en el extremo hubiera provocado una crisis sistémica, cuyas repercusiones habrían afectado no sólo al conjunto de aseguradoras en el país.

Habría causado un pernicioso efecto dominó sobre la economía nacional.

La industria de seguros es un inversionista institucional en México, cuyos activos representan el 5.4% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que actualmente preside Pedro Pacheco.

La industria aseguradora tiene 1.6 billones de pesos invertidos en su mayoría en instrumentos gubernamentales.

Si se hubiese avanzado en la intención del gobierno y el SAT de cobrar retroactivamente por entre 5 y 7 años el IVA que acreditaron las aseguradoras, conforme un nuevo criterio, diferente al que imperó desde los 80s, se habría registrado una crisis de proporciones inimaginables.

El impacto de no permitir la acreditación del IVA a las aseguradoras y cobrarlas retroactivamente, habría tenido un costo de 156,000 millones de pesos, equivalente a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un estudio elaborado por el Colegio de Actuarios.

La amnistía fiscal implica la condonación del pago de un monto que ronda esa cantidad, reclamada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La cantidad exacta no es pública. Pero los cálculos no gubernamentales están en un rango de entre 156,000 millones de pesos y 200,000 millones de pesos.

El pago total de esa cantidad al organismo recaudador de impuestos, hubiera implicado que las aseguradoras se quedaran sin reservas de capital.

En otras palabras, las empresas de seguros, para cubrir los adeudos fiscales que le exigía la autoridad, habrían perdido su capacidad para protegerse contra pérdidas inesperadas o financiar sus operaciones y crecimiento a largo plazo.

LITIGIO, EL ORIGEN

Desde inicios del sexenio pasado, el gobierno lopezobradorista, emprendió una batalla legal, en contra de las aseguradoras.

A través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el gobierno decidió, en el año 2019, reinterpretar un criterio de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, desde el año de 1980 permitía a las aseguradoras acreditar este gravamen.

Las aseguradoras podían cobrar al vender una póliza ( y enterar al SAT el IVA que acompaña a las primas de gastos médicos, autos y daños); y, posteriormente, cuando paga una reparación o el resarcimiento de un daño, lo acreditan, como sucede en todas las industrias y en muchos países del mundo. Las aseguradoras han pagado al SAT por este concepto, que incluye tanto el IVA cobrado a los usuarios como la acreditación de los daños pagados, un promedio de 20,000 millones de pesos anuales.

La reinterpretación de este criterio por parte de la autoridad, llevó a diversas aseguradoras a interponer recursos legales ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que falle a favor del criterio establecido en el marco jurídico que rige a ese impuesto desde 1980.

¿PERDÓN FISCAL?

El perdón fiscal es parcial, porque las aseguradoras, “sólo” tendrán que pagar 20,000 millones de pesos.

Además podrán cubrirlos en parcialidades a partir del próximo año 2026.

Esto implica que no se les cobrará adeudos de los cuatro años previos a 2025 si se desisten de los juicios en curso y podrán pagar la cantidad correspondiente al año en curso en 12 parcialidades durante el próximo año 2026.

ACUERDO DE ÚLTIMA HORA

Para las aseguradoras, la buena noticia es que las aseguradoras no tendrán que pagar entre 150,00 millones y 200,000 millones de pesos (de acuerdo con cifras publicadas en los medios de comunicación) que les pretendía cobrar el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el presuntamente irregular cobro del IVA que hicieron en los últimos cinco años las compañías a sus clientes.

Al final, la resolución evita una crisis en la industria aseguradora y con potenciales impactos a la economía nacional.

Pero también, se evitó una crisis de repercusión nacional. El gobierno logró el cambio de reglas e impuso su criterio de interpretación.

• ATISBOS

El gobierno de Claudia Sheinbaum no expropiará plantas de energía o cualquier otro activo de los permisionarios del sector hidrocarburos a través de la figura de ocupación temporal.

El posicionamiento gubernamental es importante. Sin embargo, lo que está claro es que avanza el estatismo en el sector de la energía, en hidrocarburos y electricidad. Veremos.