Argentina pide suspender fallo que le obliga a entregar YPF

La República Argentina presentó este martes dos escritos con argumentos jurídicos de fondo para sostener su pedido de suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska y defender la soberanía nacional frente al multimillonario fallo que enfrenta por YPF.

En el caso “Petersen/Eton”, el Estado sostuvo que no se trata de una disputa comercial ordinaria, sino de un caso excepcional y sin precedentes, con un fallo por 16,100 millones de dólares aún en apelación y con cuestiones jurídicas que incluso el gobierno de Estados Unidos considera discutibles.

La presentación advierte que ejecutar el “turnover” produciría un daño irreparable, obligando al país a incumplir su propia legislación y perdiendo el control estatal sobre YPF de forma irreversible.

También se subraya que los demandantes no sufrirían perjuicios concretos por la suspensión, dado que la ley argentina impide vender acciones de la petrolera sin autorización del Congreso. Además, la transferencia forzosa podría perjudicar a terceros y activar cláusulas contractuales adversas para la empresa. En el caso “Bainbridge”, el Estado remarcó que forzar la transferencia de acciones violaría la Ley 26,741 y que no existen precedentes que avalen la ejecución de bienes públicos de un Estado extranjero en territorio estadounidense, lo que incrementa la probabilidad de que una instancia superior revoque la medida.

También se señaló que la demandante no acreditó ningún perjuicio concreto, y que una suspensión permitiría litigar en forma ordenada sin comprometer activos estratégicos.

El Gobierno informó además que, en defensa de los intereses del país, la Procuración del Tesoro ya trabaja en la apelación formal ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska no suspenda la orden.

El pasado 30 de junio, la jueza federal de distrito Loretta Preska en Manhattan ordenó a Argentina que renuncie a su participación del 51% en la petrolera YPF para cumplir parcialmente con una sentencia judicial contra el país por la que debe pagar 16,100 millones de dólares.

La jueza determinó que Argentina debe transferir sus acciones de YPF en un plazo de 14 días a una cuenta de custodia de BNY Mellon e instruir a dicho banco a transferir las acciones a los demandantes en un plazo de un día hábil.

El fallo se refiere a la nacionalización por parte de Argentina en abril de 2012 del 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol, que argumentó una supuesta falta de inversión por parte de la empresa.

Dos de esos inversores, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, representados por la firma de financiación de litigios Burford Capital, iniciaron una demanda contra el país y en septiembre de 2023 Preska falló a favor de ellos con una sentencia por 16,100 millones de dólares incluyendo intereses.

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