Aprueban propuesta de la diputada Araceli Geraldo para fortalecer mecanismos de iniciativa ciudadana
MEXICALI, AGOSTO 22, 2025.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presentó ante el Pleno del Congreso, el dictamen número 50, respecto de la iniciativa de reforma la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, para fortalecer el mecanismo de la iniciativa ciudadana y promover una participación más activa y efectiva en el proceso legislativo.
La iniciativa fue presentada por la Diputada Araceli Geraldo Núñez, quien destacó que la participación es un pilar fundamental de la democracia y la gobernanza efectiva, por lo que, a través de la iniciativa ciudadana, la población tiene la oportunidad de incidir en la legislación y en las políticas públicas que son de su interés.
Para el poder legislativo es crucial que este mecanismo se fortalezca y se haga más accesible para todas y todos. Por ello, se propuso una reforma al artículo 72 de la Ley de Participación Ciudadana, para facilitar el tratamiento de iniciativas que requieran atención.
La Comisión dictaminadora expuso que de texto constitucional y diversos ordenamientos legales, junto a las adecuaciones propuestas en este dictamen, resalta la viabilidad de la pretendida reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, al evidenciar la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación pública.
En este sentido, la iniciativa se alinea con este principio ya que busca fortalecer el derecho a la participación ciudadana y propone medidas que amplían el alcance y lo protejan, como la transparencia en el proceso legislativo mediante la presencia del representante común de la iniciativa que corresponda.
Por lo que se aprobó la reforma al artículo 72 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, para quedar como sigue: “La persona representante común de la iniciativa ciudadana participará en la discusión de los proyectos legislativos”.
Cabe destacar que la iniciativa ciudadana desempeña un papel crucial en la promoción de la participación directa y la responsabilidad gubernamental, además de que facilita un canal efectivo para que la ciudadanía influya directamente en la toma de decisiones y proporciona un contrapeso a la representación legislativa convencional.
