Amnistía Internacional reporta 30 asesinatos de buscadores

De acuerdo con el más reciente informe de Amnistía Internacional, titulado “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025. De estos, 16 eran mujeres —once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista—, cifra que revela el grave peligro que implica alzar la voz y emprender la búsqueda de un ser querido en un país donde más de 128,000 personas están desaparecidas o no localizadas.

El informe señala que 2022 fue el año más letal para las mujeres buscadoras, con seis asesinatos registrados. Las entidades con más casos de homicidios de buscadoras fueron Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora. Estos crímenes, advierte Amnistía, ocurrieron generalmente en el contexto de labores de búsqueda, tras denuncias de amenazas, descubrimientos de fosas o señalamientos públicos de omisiones institucionales.

Según se explicó, en algunos casos como el de Rosario Zavala, los asesinos dejaron mensajes intimidatorios junto a los cuerpos; y en otros, como el de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, el asesinato ocurrió después de participar en actividades de memoria, como una misa dedicada a su hijo desaparecido.

Amenazas

Además, el cuestionario aplicado por Amnistía Internacional a 661 mujeres, el 97% de ellas manifestó haber enfrentado algún tipo de violencia o afectación derivada directamente de su labor como buscadoras.

Entre los impactos más frecuentes están la depresión (73%), el insomnio (72%), la pérdida del apetito (67%) y el deterioro de salud física o mental (70%). A esto se suman agresiones más directas: 14% reportó haber sido víctima de ataques físicos, 10% tortura y 6% secuestro.

También, las amenazas fueron constantes: el 45% dijo haber recibido amenazas verbales o por escrito, y una de cada cuatro ha sido acosada por autoridades. Además, el 39% mencionó haber sufrido de extorsión por parte de personas que prometen información o la supuesta liberación de sus familiares a cambio de dinero.

Además, se precisó que el 17% de las mujeres buscadoras acudió a denunciar actos de violencia o solicitar servicios a las autoridades. La razón, según expresan, está en el miedo a represalias, la percepción de que los funcionarios están coludidos con el crimen organizado y la falta de un sistema de protección efectivo.

Según la ONG, esta situación se agrava para las mujeres indígenas y para las familias de personas migrantes desaparecidas, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de justicia. Las buscadoras extranjeras, por ejemplo, señalaron que no pueden ingresar al país porque no cuentan con una visa humanitaria, lo que impide que puedan presentar denuncias o participar en las diligencias en México.

El informe también alertó sobre la falta de medidas de protección efectivas por parte del Estado mexicano y detalló que, en muchos casos, las autoridades han replicado formas de violencia institucional.

Frente a este panorama, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano para que reconozca y garantice el derecho a la búsqueda sin discriminación ni represalias. Exigió también la incorporación de enfoques interseccionales y de género en la política pública y una verdadera voluntad institucional para terminar con la impunidad que rodea tanto a las desapariciones como a las agresiones contra quienes luchan por la verdad.

“Las mujeres buscadoras realizan una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil. A pesar de las graves violencias y afectaciones que viven, han sido sororas con otras familias que pasan por la misma situación”, declaró Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe.