Alertan por precariedad y falta de profesionalización en policías
Las policías estatales en México atraviesan un momento crítico, marcado por la falta de recursos, la precariedad laboral de sus elementos y la ausencia de mecanismos sólidos de coordinación con otras corporaciones, advirtieron especialistas.
Asael Nuche, vocero de la organización Causa en Común, señaló que, a 16 años de la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las corporaciones locales siguen lejos de cumplir con los estándares de profesionalización, capacitación y uso de la fuerza que establece el marco legal.
“Todavía hay estados que no cuentan con la infraestructura necesaria para capacitar a sus policías, ni con academias en funcionamiento pleno. Persisten brechas en la carrera policial y en la aplicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”, explicó.
Uno de los factores preocupantes, subrayó Nuche, es el bajo salario y las escasas prestaciones de los policías estatales. Detalló que, según datos del Inegi, el sueldo promedio ronda los 10,000 pesos mensuales, lo que los hace altamente vulnerables a la corrupción y al reclutamiento por parte del crimen organizado. Además, detalló que muchos elementos enfrentan endeudamiento personal, lo que agrava su situación económica.
Precisó, además, que a esto se suma la escasa frecuencia de entrenamientos. “Hay policías que solo van a prácticas de tiro cada tres o cuatro años, y que además cuentan con armamento inferior al de las organizaciones criminales”, alertó.
Debilitamiento
Por su parte, Daira Aranda, directora general del centro Global Thought, policías estatales atraviesan un momento complejo tras años de debilitamiento institucional y financiero, resultado de la apuesta federal del sexenio pasado por fortalecer a la Guardia Nacional en detrimento de los cuerpos locales.
En entrevista subrayó que, aunque algunas entidades han logrado adaptarse, la mayoría de las corporaciones estatales aún enfrentan limitaciones para cumplir con sus funciones.
“Muchas policías estatales y municipales se vieron afectadas no solo en recursos financieros, sino también en capacidades institucionales y legales. No están en su mejor momento”, apuntó Aranda, quien insistió en que el problema no depende únicamente de la eficacia de estas corporaciones, sino de la coordinación con las instituciones federales.
También mencionó que, con la reestructuración que impulsó la Guardia Nacional, se redujo el flujo de fondos federales a las policías locales, lo que obligó a los estados a asumir mayor responsabilidad presupuestal. Esta situación permitió que entidades como Guanajuato desarrollaran mecanismos propios de financiamiento para enfrentar la inseguridad.
“El dinero federal fue importante, pero muchos gobiernos estatales y municipales lo usaban como único sostén sin invertir recursos propios. Ahora, con los cambios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados están obligados a asumir la batuta de la estrategia, incluido el financiamiento”, explicó.
De cara al futuro ambos especialistas mencionaron que entre las acciones que deben priorizar las autoridades son: fortalecer capacidades de investigación criminal en coordinación con la federación; definir prioridades locales de combate al delito, que incluyan no solo extorsión, sino también; incrementar el presupuesto y destinarlo a reclutamiento, formación y capacitación; mejorar el equipamiento policial frente al crimen organizado, apostar al desmantelamiento de macroredes delictivas, lo que implica investigar vínculos de grupos criminales con servidores públicos y estructuras financieras, entre otras.
