Alertan deterioro democrático y en transparencia
La organización Mexiro A.C. advirtió en su informe “Resistencias desde los márgenes: estrategias de sociedad civil frente al cierre del espacio cívico” que la democracia mexicana enfrenta una etapa crítica marcada por el debilitamiento institucional, la captura de organismos autónomos y un clima creciente de hostigamiento hacia activistas y organizaciones sociales.
Además, el documento identificó una tendencia regional hacia el autoritarismo y propone un conjunto de estrategias de resistencia ciudadana para contrarrestar el cierre del espacio cívico. Bajo este contexto, señaló que el deterioro de la agenda anticorrupción, el retroceso en materia de transparencia y el desmantelamiento de espacios de participación pública son señales de alarma que comprometen la rendición de cuentas y la pluralidad democrática.
“El silencio no es opción. Documentar, denunciar y comunicar los abusos del poder es un acto de resistencia y memoria”, establece el texto en sus principios éticos fundamentales.
Mexiro advierte que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el desmantelamiento de plataformas de transparencia y los recortes presupuestales a organizaciones civiles forman parte de una tendencia que busca debilitar la vigilancia ciudadana sobre el poder público.
También, la guía, que reúne estrategias de protección, incidencia legal y comunicación, llama a las organizaciones a “resistir desde la ética pública” y a defender la verdad y la memoria institucional mediante acciones colectivas, alianzas internacionales y documentación rigurosa de abusos.
Depuración de archivos
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil expresaron su “profunda preocupación” por la pérdida y depuración de archivos digitales del extinto Inai, reconocida públicamente por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina del pasado 24 de octubre.
Las agrupaciones advirtieron que las declaraciones oficiales —en las que Buenrostro admitió que “la plataforma no tiene lo mismo porque la estuvimos depurando” y que “mucho de ese daño no es reparable porque simplemente no volvieron a aparecer los expedientes”— confirman la posible alteración o eliminación de documentos públicos con valor histórico y probatorio, cuya custodia corresponde al Estado mexicano.
