Adecuaciones en materia de transparencia avanzan en comisión del Senado

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad —seis votos de seis— y sin cambios el decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El dictamen a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, que enmienda los artículos 53 y 57 Quáter del referido ordenamiento, fue aprobado en diez minutos durante la reunión extraordinaria realizada bajo la modalidad a distancia.

Mayuli Martínez Simón (PAN), presidenta de la comisión ordinaria de trabajo, explicó que la enmienda otorga atribuciones a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para ejercer las funciones y competencias que establecen las leyes en la materia.

“La reforma complementa la armonización de la Ley Orgánica del Congreso con el decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de marzo’’, afirmó.

De acuerdo con el decreto, que aún deberá ser aprobado por las comisiones de Anticorrupción y Transparencia, y de Estudios Legislativos para su remisión a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y agendar su votación por el pleno de la Cámara Alta durante el periodo de sesiones extraordinarias a realizarse la próxima semana, se creará, como parte de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, la Dirección General de Situación y Evolución Patrimonial.

A la nueva dirección, precisa el artículo 53 de la citada ley, “le corresponde asesorar, recibir, resguardar y registrar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que deban presentar las personas servidoras públicas; dar seguimiento, investigar y verificar la evolución patrimonial; emitir el certificado de no anomalías conforme a la ley de la materia y demás disposiciones aplicables, así como certificar documentos que, por el ejercicio de sus funciones, obren en sus archivos’’.

La Contraloría Interna de la Cámara Baja tendrá, entre otras facultades, las de “vigilar la atención de las obligaciones de transparencia que le competen conforme a sus atribuciones; tutelar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales; conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por personas solicitantes’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx

admin