Acoso judicial: la censura con toga
Andrea Viloria, de PROJUC, advirtió el día 20 de agosto en un foro para analizar el impacto del delito de ciberacoso en Puebla: “El acoso judicial tiene como principal objetivo silenciar voces críticas y en México vemos una tendencia al alza en su uso. De 2018 a 2022, registramos 22 demandas de acoso judicial en Puebla”.
De acuerdo con Artículo 19, el acoso judicial consiste en utilizar mecanismos legales para intimidar o censurar a quienes ejercen su libertad de expresión. En lugar de debatir en el espacio público o recurrir al derecho de réplica. Así, se trasladan los conflictos a los tribunales, muchas veces sin fundamento jurídico sólido. El objetivo no es ganar un juicio, sino silenciar voces críticas, sobre todo cuando abordan asuntos de interés colectivo como la corrupción, las violaciones de derechos humanos o los abusos de poder. Estas prácticas suelen presentarse en forma de demandas por daño moral o acusaciones de violencia política en razón de género.
En los últimos meses hemos visto en México un aumento en esta práctica: el periodista Hernán Gómez Bruera enfrenta demandas consideradas estratégicas para silenciar críticas al Poder Judicial; en Campeche, el veterano periodista Jorge González fue penalmente acusado por la gobernadora y se le prohibió ejercer tras una columna crítica; en Puebla, una reforma legal tipificó el “ciberasedio” con hasta tres años de prisión por insultos en redes, misma que organizaciones denunciaron como una “ley mordaza”.
También podemos sumar el llamado caso Dato Protegido. Una ciudadana fue obligada a disculparse públicamente durante 30 días, pagar multa, tomar cursos y quedar registrada en un padrón de sancionados por violencia política de género. Todo por un tuit crítico, lo que desató indignación nacional; se documentó además una denuncia judicial contra un grupo que difundió imágenes del llamado “Mencho”, presuntamente con fines de criminalización; y el periodista Héctor de Mauleón y El Universal fueron objeto de medidas cautelares y acciones legales tras publicar una columna sobre posibles vínculos de políticos tamaulipecos con el huachicol.
No sé si existe una política diseñada desde lo más alto del poder para limitar la libertad de expresión o se trata del abuso que llevan a cabo unos cuantos poderosos al ver que nadie los detiene. Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum debería reconocer los casos de acoso judicial y llamar a los suyos a la mesura. Es lo que haría una demócrata. Decir, en cambio, que no pasa nada y que hay plena libertad de expresión, es jugar del lado de los censores.
