A la baja, beneficiarios de apoyos para agua potable y residual

El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) enfrenta una caída sostenida en la cobertura de servicios básicos en comunidades rurales de hasta 2,500 habitantes, así como un subejercicio significativo de los recursos federales destinados para 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Hacienda y especialistas consultados por El Economista.

Según información oficial, durante el 2024 se beneficiaron 44,481 habitantes con obras de agua potable, una disminución de 34.9% respecto a 2018 (68,328 beneficiarios) y de 82.1% frente a 2015 (247,998). Los programas de alcantarillado ayudaron a 26,279 personas, lo que representa una reducción de 69.1% frente a 2015, aunque mostró un repunte de 68.9% respecto a 2018.

Las cifras preliminares de enero a junio de 2025 mostraron que el programa había impactado a 37,486 habitantes fueron beneficiados con agua potable y apenas 11,772 con alcantarillado. La inversión federal aplicada ascendió a 749 millones de pesos, de los cuales 228.2 millones se destinaron a estados con pobreza extrema, lo que benefició a 11,736 personas.

Roberto Constantino, directivo de la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que de acuerdo con datos de las finanzas públicas, para 2025 se aprobaron cerca de 2,000 millones de pesos para Proagua, pero hasta el verano se había pagado menos del 20% de esa bolsa, lo que evidencia un subejercicio significativo.

“Hay disponibilidad de recursos, pero los proyectos nuevos no están llegando de forma suficiente. No sabemos si ya están comprometidos o simplemente no se recibieron propuestas técnicas”, señaló.

No obstante, de acuerdo con transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, hasta junio pasado, se había pagado 32.5 millones de pesos de los 2,170 millones presupuestados, es decir, 1.5% del total.

Constantino recordó que el programa depende de proyectos presentados por gobiernos estatales y municipales, que deben cumplir criterios técnicos para recibir financiamiento.

“Existe una corresponsabilidad de las administraciones locales en la colocación de proyectos. Si no hay propuestas viables, el programa no puede ejercer los recursos”, advirtió.

Según la Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) elaborada por la Unidad de Evaluación de Conagua y el Coneval, correspondiente al periodo 2020-2021, Proagua tiene debilidades como la alta rotación de personal en organismos operadores, la integración de proyectos con bajo rigor técnico-financiero y la influencia de agendas políticas estatales en la priorización de obras.

Dentro de las recomendaciones se encuentran: fortalecer la capacitación técnica y financiera de los organismos operadores, contar con una cartera de proyectos viable antes de cada ejercicio presupuestario y establecer mecanismos de priorización de inversiones para atender las localidades con mayor necesidad.