Critican reformas por mantener modelo fallido

Los cambios en la gestión del agua que proponen los proyectos que crean la Ley General de Aguas y cambian la Ley de Aguas Nacionales, que se discutirán esta semana en la Cámara de Diputados, son insuficientes y en algunos rubros regresivos, aseguró Elena Burns, exsubdirectora General del Agua.

“En vez de una Ley General de Aguas centrada en el acceso equitativo, sustentable y participación, se tomó la decisión de conservar la ley actual que es la ley que realmente tiene fuerza, porque le pegan una Ley General de Aguas que anuncia de una manera muy clara una serie de derechos pero no los concretiza, no hay vínculo con la Ley de Aguas Nacionales; esa ley es la que determina quién tiene agua; todo el sistema de concesiones, todos los distritos de riego, lo que tiene que ver con la contaminación; la sobreexplotación.

“Todo el desastre que hemos vivido en estos 33 años es responsabilidad de la Ley de Aguas Nacionales y no hicieron prácticamente ningún cambio a esa ley excepto el manejo de cómo se obtiene acceso al agua en las cuencas y acuíferos sin disponibilidad y ahí ya desde 2003 ha sido a través de la compra de concesiones y ahora va a ser a través del fondo de reserva”, aseveró la exfuncionaria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la gestión Andrés Manuel López Obrador.

Burns indicó que al dejarse a la Conagua la asignación de los fondos de agua se da espacio a la discrecionalidad.

El proyecto de la nueva Ley de Aguas Nacionales, que se discutiría el miércoles en comisión en San Lázaro, instaura en el artículo 37 Bis que la Conagua “establecerá un fondo de reserva para la reasignación de volúmenes de agua, el cual se conformará de los volúmenes recuperados de los títulos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sin que estos puedan considerarse en la disponibilidad”.

Burns, quien comandó la Subdirección General de Administración del Agua, alertó que habiendo estado en la administración del agua le quedó claro “lo que ofrecerían los actores por obtener derechos al agua” de dicho fondo los cuales, agregó debieron de haber sido vinculados con planeación hídrica y por cuenca.

“Es muy desafortunado, es un paso atrás, de una ley de por sí muy deficiente que ha llevado a la sobreexplotación, contaminación, impunidad fiscal, corrupción en todo el país, se perpetúa esa ley y con algunas reformas hasta regresivas”, sostuvo.

El campo y los recursos

Burns comentó, por otra parte, que la ley establece que se podrán recuperar los volúmenes sin ocupar por dos años, lo cual podría poner, a su vez, a campesinos en vulnerabilidad ya que hay casos en los que no pueden sembrar por condiciones climáticas o económicas.

Ante ello propuso que se enfoquen esfuerzos en los dueños de concesiones que no pagan el uso del agua.

“Queremos se cambie: ´la Conagua deberá extinguir los volúmenes los cuales los titulares no han pagado derechos’. Son 44,000 millones de pesos que estos usuarios no pagaron tan solo en 2023, es más que el presupuesto de la Conagua”.