Diputados aprueban reforma para establecer esquemas de precios de garantía para maíz, frijol, leche y arroz

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Para ello, el Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes y, las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo a los presupuestos autorizados.

Este dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis y discusión.

Según se argumentó, el establecer los precios de garantía tiene como objetivo mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores, y se busca atender la problemática de los bajos ingreso de los productores en relación con los costos de producción, lo cual desincentiva su producción y repercute en un déficit alimentario. “Esta situación impacta negativamente en la seguridad alimentaria del país”, señala el proyecto.

También menciona que el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos cubre la producción de maíz, frijol, trigo panificable y cristalino, arroz y leche, pues en 2025 se tuvo una asignación presupuestaria de 12,500 millones de pesos.

Así como el “Programa Producción para el Bienestar” que otorga un apoyo económico a productores de maíz, frijol, trigo, arroz, avena, cebada, milpa, soya, ajonjolí, cacahuate, garbanzo, haba, cártamo, calabaza chihua, lenteja, girasol, arvejón, linaza, colza o canola, sorgo, amaranto, chía, caña de azúcar, café, cacao, nopal, miel.

Desde Tribuna, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) defendió estos cambios al señalar que incidirán positivamente en la vida cotidiana de millones de campesinos y campesinas en el derecho a la alimentación del pueblo de México.

Además de sostener que da la posibilidad de que las familias rurales vivan con dignidad de su trabajo, “después de décadas de abandono y de una política neoliberal que expulsó a la gente del campo y volvió dependiente a nuestro país de las importaciones de alimentos”.

Destacó que el dictamen constituye un paso concreto hacia la construcción y consolidación de un nuevo modelo de desarrollo rural, al establecer de manera clara que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.

Es decir, “se eleva a rango legal una política que ha demostrado su eficacia para mejorar el ingreso de pequeños y medianos productores, corregir las asimetrías frente a las importaciones y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria”.