El crecimiento sí importa
El INEGI dio a conocer el crecimiento del PIB durante el tercer trimestre de este año y no fueron buenas noticias. Con cifras ajustadas por estacionalidad, respecto del segundo trimestre, el PIB se contrajo en 0.3%, mientras que respecto del tercer trimestre de 2024 la caída fue de 0.2 por ciento
Por grandes sectores de actividad, respecto del segundo trimestre, el sector primario (agropecuario) creció en 3.5%, el terciario (servicios) se expandió en 0.2% mientras que el sector secundario (industria) cayó en 1.5%. En comparación con el tercer trimestre del año pasado las cifras correspondientes fueron 2.9%, 1.0% y -2.7%. Con cifras originales (sin ajustar por estacionalidad), en el tercer trimestre el PIB se contrajo en 0.1%, mientras que el crecimiento acumulado durante los primeros nueve meses del año es un raquítico 0.1 por ciento.
Y, finalmente, para rematar, el INEGI informó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica para octubre muestra un estancamiento con una caída anual de 2.1% del sector secundario y una expansión de 0.9% del sector terciario. Por lo mismo, el crecimiento de 0.5% para todo el año esperado por los analistas del sector privado suena, en este momento, como demasiado optimista.
Como era esperado, y siguiendo el guion escrito por López, la presidenta Sheinbaum restó importancia al reporte del INEGI y señaló que es un indicador que no refleja la caída en la pobreza, el mayor número de empleos ni la menor desigualdad. Cierto, el PIB no refleja estos tres indicadores ni muchos otros más como la mala calidad de los bienes públicos, la pobre calidad del medio ambiente, la corrupción, la desigualdad de oportunidades, la baja calidad de la educación y de la salud públicas, etcétera, ya que es únicamente el valor de todos los bienes y servicios de uso final producidos en la economía en un periodo determinado.
A pesar de que el PIB es solo un indicador que mide qué tan productivamente se están utilizando el capital físico y humano existente en la economía (la productividad factorial total), prácticamente todas las otras variables están subordinadas al valor del PIB y los avances que se logren obtener en estas dependen crucialmente de que la economía crezca. Un indicador de ello es que las entidades que muestran un mayor valor en el Índice de Progreso Social (elaborado por la organización México, ¿Cómo Vamos?) son las que tienen un mayor valor del PIB por habitante estatal, mientras que las de menor progreso son también las de menor PIB por habitante (Chiapas, Guerrero y Oaxaca).
Mal hace la presidenta Sheinbaum en desestimar el informe del INEGI. Si el objetivo primario de la política pública fuese incrementar año tras año todos los elementos que derivan en un mayor progreso y bienestar social, es crucial sentar las condiciones para lograr un alto y sostenido crecimiento de la economía y es aquí en donde radica gran parte del problema. Las decisiones respecto del arreglo institucional que tomaron López más las que ha tomado Sheinbaum y que han debilitado notablemente el Estado de derecho, mermando la certeza jurídica, van en contra del propósito de impulsar el crecimiento, en especial aquellas que han desincentivado la inversión privada e inhibido una mayor productividad factorial total agregada, siendo que ambas, particularmente esta última, son las dos principales fuentes detrás de la expansión económica.
Va un breve recuento de estas decisiones: a) la reforma judicial que de facto subordinó al Poder Judicial de la Federación al Poder Ejecutivo, además de reducir la calidad de los jueces, magistrados y ministros; b) la reforma a la Ley de Amparo que dejó desamparados a los individuos y empresas privadas frente a actos de gobierno que atenten en contra de los derechos individuales; c) la reforma energética que, en materia de la industria eléctrica, discrimina a los más eficientes generadores privados y favorece a la ineficiente CFE, por lo que el costo ponderado de generación eléctrica es más elevado, mientras que en hidrocarburos favorece a la ineficiente Pemex, discrimina a las empresas privadas y viola el T-MEC.
Continúa: d) no invertir durante el sexenio pasado en transmisión y distribución de energía eléctrica; e) la desaparición del IFT y de la Cofece como órganos autónomos, con lo que se viola el T-MEC, el Tratado Transpacífico y el Tratado México-Unión Europea; f) la decisión de reducir las exportaciones de petróleo para aumentar, con un mayor costo, la producción interna de combustibles; g) destinar más de dos billones de pesos en proyectos de inversión pública con rentabilidad social negativa; h) permitir la expansión del crimen organizado y su manifestación, además de homicidios, en la extorsión de productores privados; i) permitir, solapar y proteger actos de corrupción que, además de generar un daño a las finanzas públicas, encarecen la actividad económica privada; j) instrumentar una política fiscal deficitaria que desplaza al sector privado del mercado financiero y encarece la inversión; y k) destruir la democracia.
Es imposible esperar que se pueda seguir aumentando el bienestar de la población y lograr un mayor progreso social, como quiere la presidenta, mientras simultáneamente matan el crecimiento.
