¿Por qué volverán a bloquear carreteras, productores agrícolas?
Integrantes del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), conformado por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), Ejidos Unidos del Sur de Guanajuato (EUSG), Agrodinámica Nacional (AN), capítulo Guanajuato, el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas (FEPAT) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), convocaron a un paro y movilización nacional, el lunes 24 de noviembre próximo, para manifestar su inconformidad con los términos en que pretende aprobar la reforma a la Ley de Aguas, propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, así como para exigir mejores precios de garantía para el maíz.
También en demanda de que se excluya a los granos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se restituya la banca de desarrollo para el campo, desaparecida por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, y para exigir seguridad en las carreteras.
Temen perder títulos de concesión de agua de pozos
Baltazar Valdés Armentía, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano en Sinaloa y presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, afirmó que los campesinos mexicanos enfrentan sequías cada vez más severas, precios castigados para sus productos, falta de financiamiento, inseguridad para la comercialización de las cosechas y hasta cobro de piso por parte de grupos de la delincuencia organizada.
A todo eso, indicó, se suma hoy una nueva amenaza: la pérdida de la certidumbre sobre el agua, recurso sin el cual no existe la agricultura, ganadería ni la seguridad alimentaria.
En su opinión, no es verdad que, como afirma el gobierno, con la reforma a la ley del agua que se pretende aprobar en los próximos días en la Cámara de Diputados, se traerá certidumbre a los productores, porque la iniciativa presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, genera dudas e incertidumbre.
Para el líder de los agricultores, en los términos en que fue presentada la iniciativa, no se reconoce la realidad del campo y contiene elementos que son inaceptables.
Concretamente indicó que no garantiza que las prórrogas se otorguen sin exigir disponibilidad media anual, “lo cual es algo imposible de cumplir en muchas regiones”.
Además, permitiría a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dar por negada la solicitud presentada por cualquier agricultor o ganadero, si la dependencia no responde al término de 60 días de iniciado el trámite, “cuando todo el mundo sabe que esa institución no tiene la capacidad operativa para responder en ese plazo”.
En ese sentido, consideró que, de aprobarse la reforma en esos términos, criminalizaría a los tenedores de pozos pecuarios y agrícolas que han operado durante años y sin que la autoridad ofrezca rutas claras de regulación. “Centraliza aún más la toma de decisiones, debilitando a los estados y a los usuarios del agua”.
Recalcó que algo preocupante es que prohíbe absolutamente las transmisiones de derechos, dejando en la incertidumbre a quienes compran, heredan o buscan el acceso legal al agua.
“Si se aprueba en zonas sin disponibilidad, será imposible adquirir derechos”, recalcó.
El agricultor sinaloense dijo que todo mundo sabe que los pozos de reserva no alcanzarán y que la demanda superará la disponibilidad en cuestión de días.
Asimismo, comentó que la Conagua niega ya transmisiones, relocalizaciones y redistribuciones, mientras que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deja fuera a cientos de productores de Programa Especial de Energía para el Campo (Peua) “por simples prorrogas pendientes de concluir el trámite en Conagua”.
Desde la perspectiva del dirigente rural, el problema real es la falta de capacidad técnica, la corrupción, la nula supervisión, la mala aplicación de la ley y la ausencia de una visión integral del recurso.
Por eso, esta iniciativa debe retirarse y, en todo caso, reconstruirse con aportaciones de agricultores, ganaderos, académicos, ejidos, comunidades, especialistas, académicos y organizaciones civiles, abundó.
Valdés Armentía pidió a la presidenta: “Retírela, convoque a una verdadera mesa nacional. Construyamos una ley justa, moderna y viable hecha desde el pueblo, no desde un escritorio”.
Por su parte, el presidente nacional del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), en Zacatecas, Alberto de Santiago Murillo expuso que actualmente, a escala nacional, hay 168,685 títulos para el aprovechamiento de agua vencidos y están en proceso más de un millón de trámites de reposiciones, relocalizaciones, incrementos de volumen, disminución de volumen, incrementos o disminución en el caballaje de las bombas, entre otras.
Lo delicado ―indicó―, es que para poder acceder a los beneficios del Programa Especial de Energía para el Campo (Peua), Sader exige tener sus documentos para la extracción de agua en orden antes del 31 de diciembre, por lo cual no les va a alcanzar el tiempo para ello, ante la carga de trabajo que tierne Conagua.
Exigen se fije precio de maíz a 7,200 pesos la tonelada
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano anunció que el próximo lunes llevarán a cabo manifestaciones en carreteras de 28 estados del país y aduanas del norte del país.
De acuerdo con el anuncio de la organización, esta vez no se impedirá el paso de automóviles particulares ni de pasajeros, pero sí a los transportes de carga. Anunciaron que van a tomar casetas de cobro de peaje, así como aduanas.
La protesta se debe a lo que consideran fracaso de la mesa de diálogo celebrada a principios de noviembre en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, en la que participaron líderes de algunas de las organizaciones inconformes y autoridades de Gobernación y Sader.
El 6 de noviembre pasado, la Secretaría de Agricultura informó que, como resultado de las negociaciones, “se alcanzó un aumento significativo” respecto de la oferta industrial inicial, que se traduce en la mayor base de comercialización de maíz blanco de la última década para los productores del Bajío.
De acuerdo con la Coordinación General de Comercialización y Financiamiento de la Secretaría de Agricultura, las bases de referencia para la comercialización de maíz correspondiente al ciclo Primavera-Verano/2025 en la región bajío para el maíz blanco establecen una base estandarizada de zona de consumo de 143 dólares por tonelada, una base regional máxima de 38 dólares y una base mínima a pagar al productor o la productora de 105 dólares por tonelada de maíz blanco.
Se complementa con un apoyo de 950 pesos por tonelada, aportado por el Gobierno de México y los gobiernos estatales, con el propósito de fortalecer el ingreso de las y los productores de maíz blanco del Bajío.
Según la dependencia, en total, el precio que se pagará a los productores del Bajío será aproximadamente 25% superior al que recibiría en ausencia de este acuerdo entre los gobiernos federal y estatales y la industria.
Productores de maíz de varios estados se manifestaron en contra del ofrecimiento del gobierno y exigieron un precio de 7,200 pesos por tonelada.
Al no haber un arreglo al respecto, preparan movilizaciones como las ocurridas a finales de octubre pasado, cuando productores agrícolas realizaron bloqueos carreteros en Baja California, Chihuahua, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entre otras entidades.
Al respecto, Alberto de Santiago Murillo informó que otra de las peticiones de los productores es que quede fuera del T-MEC los granos como maíz, frijol, sorgo, entre otros y que en el caso de hortalizas se promueva una ley de precios de regularización para que sean adecuados.
En ese sentido, Baltazar Valdés Armentía manifestó que lo que se busca es que la comercialización de los granos producidos en México no dependa de una bolsa extranjera. “Queremos que los precios se establezcan, de acuerdo con el mercado interno y que tome en cuenta los costos reales de producción nacionales”.
Al preguntarle sobre las manifestaciones programadas para el lunes 24 de noviembre dijo: “la lucha debe de continuar. Nosotros para poder detener las manifestaciones del 24 tendría que haber un evento muy formal y declaraciones de parte de diputados o de parte del gobierno para efecto de decir que, de alguna manera, se va a resolver la problemática del campo. En cuanto no se tenga esa certeza, nosotros tenemos que seguir trabajando”.
Por otra parte, De Santiago Murillo dijo que otra exigencia es que haya una banca de desarrollo que ofrezca créditos adecuados a las condiciones de los productores y con base en las capacidades de los productores.
En su opinión, la política actual solo ampara a los pequeños productores y deja en indefensión a los medianos y grandes productores.
“En la cadena productiva son tan importantes los pequeños como los medianos y grandes productores”, enfatizó.
A su vez el director jurídico de la Asociación Nacional Transportista ANTAC, Álvaro Martínez Aguilar, confirmó que este lunes 24 de noviembre se llevará a cabo un paro nacional de transportistas y manifestaciones en carreteras.
Dijo que esa movilización de transportistas será para exigir seguridad en las carreteras del país. Subrayó que los índices de asaltos en las carreteras han ido al alza y el gobierno no ha hecho nada.
