Senado admite errores en reforma telecom y abre puerta a correcciones por T-MEC

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El próximo año, el tratado comercial con Estados Unidos podría cambiar el rostro de las telecomunicaciones. Emmanuel Reyes, presidente de la comisión de economía del Senado de la República, reconoció que los errores cometidos en la reforma del sector aprobada este año, pueden modificarse con el propósito de colocar al país en una posición más favorable rumbo a la revisión del T-MEC en 2026. Las revisiones formales del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá comenzarán en julio del próximo año. Sin embargo, esta semana el Senado de la República iniciará el foro inaugural del T-MEC, al cual acudirán todos los sectores estratégicos del país -como el de telecomunicaciones- para analizar los temas que podrían impactar la colaboración trilateral y, de ser necesario, impulsar ajustes desde el ámbito legislativo.

La Comisión de Economía del Senado será el puente entre la política interna y los compromisos comerciales de México para garantizar que el marco jurídico esté alineado con lo que exige la cooperación trilateral, al tener la facultad de analizar, discutir y proponer reformas a leyes económicas y financieras del país. “La revisión del T-MEC será durante julio, pudimos habernos equivocado al aprobar diferentes planteamientos, pero todo es perfectible. Si hay cosas en que la legislación mexicana está en deuda hay tiempo para corregir cosas para cumplir con la mayor parte del T-MEC”, admitió el presidente de la comisión de economía del Senado de la República. El funcionario explicó que el foro recogerá y atenderá las inquietudes de la industria sobre posibles incumplimientos de capítulos o cláusulas del tratado comercial. Estos planteamientos se integrarán en un documento que el Senado entregará al Ejecutivo y a la Secretaría de Economía, y que también fungirá como base para fortalecer los argumentos de México en el debate con Estados Unidos durante la revisión del acuerdo.

Presiones comerciales El gobierno de Estados Unidos y la propia industria de las telecomunicaciones han detectado mayores barreras comerciales tras la aprobación de la nueva política del sector. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) particularmente manifestó su inquietud por la llegada del nuevo ente regulador supeditado al poder Ejecutivo, cuya transición “suscita importantes preocupaciones sobre el cumplimiento continuo de México con sus obligaciones en el marco del T-MEC”, advierte el informe de la entidad, el cual fue enviado directamente al mandatario Donald Trump. Con la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), México estaría en una situación de incumplimiento de los artículos 18.17 del Tratado Comercial que establece la operación de un ente regulador independiente para emitir resoluciones sin presiones políticas. A esto se suma que, en las nuevas políticas de telecomunicaciones y de Competencia Económica, se abra la posibilidad de que en México se impongan restricciones regulatorias a nivel servicio, lo que se traduciría en que América Móvil viera modificada su regulación asimétrica y que incluso pueda ingresar al segmento de televisión de paga, como temen las compañías competidoras. Esta idea se busca sustentar en que Telmex ya no es una empresa preponderante en el mercado fijo. El último dato que reportó el extinto IFT en su base de datos corresponde al tercer trimestre del año pasado, donde destaca que Telcel ostenta el 56.1% del mercado de telefonía, manteniendo su preponderancia, mientras que Telmex ya no, al contar con el 39% de la cuota del segmento fijo. La valoración de que las empresas de América Móvil dejen de ser agentes económicos preponderantes a nivel sectorial, no solo afectaría el desarrollo comercial de empresas norteamericanas, como AT&T, sino de toda la industria. “La posición consolidada de este proveedor dominante (América Móvil), en particular en el mercado de servicios móviles, demuestra la necesidad de una aplicación rigurosa de las regulaciones que el IFT adoptó para abordar la condición de agente económico preponderante”, añadió la USTR en su informe. La política fiscal de México es otra preocupación de la industria como de la USTR. El costo por el aprovechamiento del espectro radioeléctrico complica las operaciones de las compañías móviles, como sucedió con Movistar y AT&T que terminaron por devolver concesiones de bandas por su encarecimiento. La dependencia de Estados Unidos reprochó a México que desestimara varias propuestas para reducir los costos del espectro presentadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el sector privado, lo que solo ha traído mayores problemas para que las empresas de telecomunicaciones adquieran este insumo. “México asigna licencias de espectro mediante subastas competitivas, impone una tarifa anual considerable basada en la cantidad de espectro que posee cada licenciatario. Parece que la estructura de la tarifa anual de espectro de México podría beneficiar al proveedor dominante y perjudicar a otro proveedor”, advirtió la USTR.
El Estado como competidor La entrada del gobierno como jugador es otro elemento que inquieta a las telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora asume el plan para cerrar la brecha digital, podrá comercializar servicios de conectividad a nivel nacional, bajo el amparo de la constitución que ahora estipula que el internet es un servicio “estratégico para el Estado”. Esto significa que la estatal podrá ofertar conectividad sin restricciones en sitios donde operan las empresas comerciales a precios por debajo del mercado, debido a que las tarifas son subsidiadas por el propio gobierno, y en apoyo de la red mayorista, Altán Redes, lo que traerá como consecuencia distorsiones comerciales que pueden afectar la calidad del servicio para los usuarios finales. A esta preocupación se suma el acceso a bandas espectrales. El gobierno ha mostrado su interés en adquirir espectro para mejorar sus servicios y dar el salto a la quinta generación en redes. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aseguró que para la licitación 5G, el precio del espectro podría tener un costo menor a cambio de cobertura en zonas rurales, pero esta premisa beneficiaría principalmente a Altán Redes y a CFE quienes tienen principalmente una vocación social. El Estado como competidor contraviene el artículo 18.18 del T-MEC que estipula que ninguna de las naciones implicadas en el tratado “otorgará un trato más favorable a un proveedor de servicios de telecomunicaciones en su territorio y es propiedad o está bajo el control del nivel central de gobierno”. En medio de estas preocupaciones, Mónica Aspe, CEO de AT&T, subrayó que México debe llegar a la revisión del T-MEC con todas sus obligaciones cumplidas, debido a que un tratado implica compromisos que no pueden posponerse. La directiva señaló que resulta difícil aspirar a una posición sólida en una renegociación —porque, aunque se le llame ‘revisión’, inevitablemente adquirirá ese carácter— si el país no atiende plenamente los puntos que le corresponden. “El gobierno está haciendo un esfuerzo importante para avanzar en el cumplimiento de las llamadas barreras no arancelarias, pero hay que asegurarnos que cumplimos con todo. Que llegamos a la mesa con la tarea bien hecha para tener una voz mucho más fuerte en esto que será una negociación sin duda difícil”, asestó la directora general de AT&T en un foro de Canieti. La combinación de ajustes regulatorios, preocupaciones sobre preponderancia de empresas y el costo del espectro radioeléctrico subraya la complejidad del sector de telecomunicaciones. Estos factores serán relevantes durante la revisión del T-MEC, cuyo proceso ya representa un desafío estratégico para México, donde la industria, el gobierno y el legislativo deberán coordinar esfuerzos para demostrar el cumplimiento y mantener la confianza de sus socios comerciales.

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