Perú decide "demorar" decisión del salvoconducto a Betssy Chávez y pedirá consejo a la OEA
El ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Hugo de Zela, informó de que han decidido “demorar” la decisión sobre conceder o no el salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez -procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022-, bajo asilo político en la Embajada de México en Lima.
De Zela explicó que han decidido esperar a tomar una decisión hasta consultar con otros países de la región, principalmente de la Organización de Estados Americanos (OEA), acerca de la Convención de Caracas de 1954 en la que se sustenta la demanda de Chávez y las autoridades mexicanas.
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“A comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere”, ijo el ministro de Exteriores en una entrevista para CNN, en la que señaló que confía en que haya “una buena receptividad” en la OEA para tratar este asunto.
Hace unos días, las autoridades peruanas adelantaron que consultarían con los países de la OEA pues consideran que en los últimos años el derecho de asilo se habría “desvirtuado” ya que, bajo su punto de vista, se está concediendo “a quienes no sufren persecución en Estados democráticos”.
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Para Perú “se ha hecho un uso indebido” de esta convención, ya que se catalogan como casos de persecución políticas meros delitos comunes y “en ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales”.
A principios de noviembre, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México tras haber “conocido por sorpresa” que Chávez había logrado refugio en la Embajada mexicana en Lima, aludiendo a las “reiteradas ocasiones” en las que las autoridades mexicanas habrían intervenido en los asuntos internos de Perú, en alusión a sus críticas por la detención de Castillo en diciembre de 2022.
Como parte de un acuerdo del gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y las anteriores autoridades peruanas se concedió asilo político a la familia de Castillo, quien actualmente se encuentra en medio de su proceso judicial por rebelión.
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