El pueblo pone, ¿El pueblo quita?
La revocación de mandato es el mecanismo de participación ciudadana impulsado por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente permite al pueblo solicitar la conclusión anticipada del mandato en caso de pérdida de confianza de un funcionario, especialmente del Poder Ejecutivo, sin embargo, tiene tantos “candados” que es casi improbable que proceda la revocación, convirtiéndose en una simulación.
El 10 de abril de 2022, se realizó la primera consulta de revocación de mandato en el país, a propuesta del propio López Obrador, quien desde su candidatura presidencial anunció que impulsaría y se sometería a este mecanismo bajo el principio de la Cuarta Transformación de que: “El pueblo pone, el pueblo quita”.
Actualmente, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario de Morena impulsa una iniciativa de reforma constitucional que busca modificar las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Ley de Revocación de Mandato para que el mecanismo se haga el mismo día que las elecciones intermedias de 2027.
La oposición ha externado su desacuerdo con la iniciativa, ya que la califica como una estrategia para que desde Palacio Nacional se impulsen las campañas de las 300 candidaturas a la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y demás cargos que estarán en disputa ese año.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa porque considera que permitiría optimizar recursos públicos al adelantarse para 2027, un año antes de lo establecido en la Constitución. Sin embargo, consideró que es algo que se debe analizar y someter a debate público, no aprobarse al vapor, aunque calificó como buena la propuesta.
En reiteradas ocasiones la presidenta de México ha expresado su disposición de someterse a la revocación del mandato, y celebró que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, haya manifestado que se sujetaría a dicho mecanismo en 2026 que, de realizarse, lo convertiría en el primer mandatario estatal en subordinarse al escrutinio del pueblo, para decidir si continua o no como titular del Poder Ejecutivo estatal.
Sin embargo, no basta con la disposición del gobernador para que se realice la revocación, ya que existe una serie de requisitos previos que deben cumplirse. Por ejemplo, los promoventes de este mecanismo, necesitan reunir al menos 236 mil 529 apoyos ciudadanos (firmas), equivalentes al 10% de la lista nominal del estado. Las firmas deberán recolectarse en por lo menos 43 de los 84 municipios del estado y en cada uno de ellos tendrá que alcanzarse un mínimo del 3% de la lista nominal local.
El periodo para solicitar la recolección de firmas, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), es del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2025; el límite para entregarlas será el 5 de diciembre del mismo año. De alcanzarse el número requerido de firmas, el 5 de enero de 2026 el IEEH informará si procede la consulta, la cual se realizaría el 26 de abril del próximo año.
A unas semanas de culminar el plazo para la recolección de firmas, la realidad es que existe una baja participación ciudadana debido a la ausencia de suficiente difusión del mecanismo entre los ciudadanos, así como falta de estructura por parte de los promoventes para cubrir todo el estado.
La revocación de mandato en Hidalgo tiende a “evaporarse”, por lo que el gobernador puede estar tranquilo y continuar al frente del gobierno, a pesar de los señalamientos de varios sectores de la sociedad hidalguense por no erradicar prácticas del viejo régimen tricolor como prometió en campaña, ya que su administración es criticada por operar con perfiles provenientes del PRI, y por no profundizar en una real transformación de la vida pública hidalguense.
