La figura de la Sociedad de Beneficio e Interés Común avanza en el país
En un contexto en el que consumidores, inversionistas y colaboradores exigen mayor responsabilidad social y ambiental por parte del sector privado, la figura de la Sociedad de Beneficio e Interés Común (BIC) se perfila como una herramienta legal para fortalecer el rol de las empresas con propósito en México. Así lo explica Lila A. Gasca Enríquez, Directora de Pro Bono & Responsible Business en Hogan Lovells México y miembro de la Red de Investigación para una Nueva Economía (REDINE), quien sostiene que esta modalidad representa un paso significativo hacia un modelo empresarial más sostenible, transparente y orientado al bien común.
“La Sociedad de Beneficio e Interés Común es una modalidad voluntaria para empresas que desean integrar, de manera explícita, un propósito social y ambiental en su modelo de negocio”, señala Gasca. La figura BIC incorpora en sus estatutos la obligación de generar un beneficio común verificable, sin renunciar a su carácter lucrativo. Esto implica que las decisiones corporativas deberán considerar el impacto económico, social y ambiental de sus operaciones.
Gasca subraya que cualquier empresa puede adoptar esta figura, desde una startup hasta grandes corporaciones. Los requisitos se centran en definir de forma clara el beneficio común que buscan generar, identificar a las poblaciones o ecosistemas beneficiados, crear un órgano interno responsable de supervisar el cumplimiento del propósito y elaborar un informe anual de impacto con métricas verificables. “No se trata de crear una nueva persona moral, sino de fortalecer la identidad y transparencia de la empresa existente”, afirma.
La especialista explica que, en México, ya existen empresas que operan con criterios de sostenibilidad, pero carecen de un marco jurídico que avale y diferencie su labor. Por ello, la BIC representa un avance en términos de certeza legal, confianza para consumidores e inversionistas y reducción del riesgo de prácticas de greenwashing o socialwashing. Al mismo tiempo, facilita la integración en cadenas de valor responsables, así como la participación en esquemas de compras sostenibles.
Si bien el proyecto de ley no contempla incentivos fiscales directos, los beneficios económicos derivan de una gestión empresarial estratégica y de largo plazo. Según Gasca, las empresas con propósito han demostrado una mayor capacidad para atraer y retener talento, especialmente entre las generaciones jóvenes; además, gozan de la preferencia de consumidores que valoran la responsabilidad social y acceden con mayor facilidad a fondos de inversión sostenible y capital de impacto.
Un elemento central de la figura BIC es la transparencia: el informe anual de impacto permite dar seguimiento a los avances mediante indicadores comparables y auditables. Esto asegura congruencia entre los compromisos públicos de la empresa y sus resultados reales, y promueve la rendición de cuentas.
Gasca destaca que la atracción de inversión responsable se encuentra en expansión global, y México puede beneficiarse si ofrece un marco que formalice el propósito social dentro de las estructuras corporativas. Países como Estados Unidos, Francia, España, Italia, Colombia y Perú ya cuentan con modelos similares, que han mostrado efectos positivos en innovación y competitividad.
Para que esta figura genere impacto real, advierte, será necesario evitar su uso como simple etiqueta reputacional, fortalecer capacidades de medición de impacto, acompañar a las PYMES en la implementación y promover una cultura empresarial basada en la ética y la evidencia. “La BIC será transformadora solo si el propósito se vive en la estrategia diaria, no solo en el discurso”, concluye.
