Alertan por plan “precipitado” y sin un “diagnóstico”

Al analizar el Plan, especialistas lo calificaron como una estrategia “precipitada, improvisada y sin diagnósticos de seguridad previos”, además de reactiva y con riesgos de repetir errores del pasado.

El consultor y especialista en temas de seguridad, Alberto Guerrero, consideró que la estrategia está centrada en el despliegue de fuerza y no en el desmantelamiento financiero del crimen organizado, lo cual impide lograr resultados sostenibles.

“Hablan de inteligencia, pero no están atacando las estructuras financieras que lavan dinero, ni las redes de extorsión, ni las empresas fachada. En Michoacán hay un enorme número de compañías, notarios y abogados que facilitan el lavado de dinero. Sin inteligencia financiera, cualquier operativo se vuelve cosmético”, advirtió.

En ese sentido, el consultor propuso que el gobierno implemente unidades especializadas de inteligencia patrimonial y financiera, en coordinación con las fiscalías anticorrupción, autoridades tributarias y la Unidad de Inteligencia Financiera, para identificar flujos bancarios y bienes ilícitos.

“Es exactamente lo mismo que se ha hecho desde Calderón: mandar tropas sin saber a dónde van. Antes de desplegar, se debe tener un diagnóstico preciso de las incidencias delictivas, no sólo en las capitales regionales, sino también en las zonas donde ni siquiera la autoridad se ha atrevido a entrar”, sostuvo.

Sobre los programas sociales incluidos en el Plan Michoacán, Guerrero Baena señaló que no pueden tener impacto real si no se garantiza primero la seguridad del territorio.

La consultora externa de Global Thought, Jorelvy Calixto, explicó la ejecución y el momento de implementación del plan reflejan una respuesta tardía ante una crisis estructural de años.

Respecto al despliegue de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en el marco de la Operación Paricutín, consideró que el aumento de presencia militar no garantiza la reducción de la violencia, y advirtió sobre los riesgos de violaciones a derechos humanos.

“El despliegue militar ha demostrado desde Calderón que no reduce la violencia, sino que en ocasiones la incrementa. El crimen organizado es un problema de seguridad pública, no de seguridad nacional; por eso las Fuerzas Armadas no deberían ser las principales responsables”, explicó.

Laboratorio criminal

Calixto recordó que Michoacán ha sido históricamente un “laboratorio del crimen” organizado y de las estrategias de seguridad fallidas del país.

“Ahí se dio el primer uso de drones con explosivos, el ‘michoacanazo’, las bombas durante las fiestas patrias… Es el parteaguas de lo que después vemos replicado en otros estados. Por eso debería tener una estrategia mucho más profunda que combine justicia social con inteligencia policial”, subrayó.

Sellar el estado

Ante las declaraciones del titular del Ejército, Ricardo Trevilla, quien aseguró que se buscará “sellar” Michoacán para impedir el ingreso y salida de grupos delictivos, Alberto Guerrero consideró la medida imposible de aplicar y violatoria de derechos constitucionales.

“No se puede sellar un estado. Eso implicaría cortar el libre tránsito, un derecho constitucional. Además, ni el Ejército conoce con precisión las zonas limítrofes con Colima, Guerrero o el Estado de México. Es una declaración más retórica que operativa”, subrayó.

Por su parte, Jorelvy Calixto calificó la medida como “discursiva e impracticable”.