Otra vez Michoacán

El 10 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón (PAN) le declaró la guerra al narcotráfico y fue el punto de partida de las atrocidades: balaceras, ejecuciones, personas desaparecidas, campos de entrenamiento criminal, fosas clandestinas.

Hoy, con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, México se aproxima a un nuevo derrotero. ¿Durante los 19 años transcurridos, la violencia cedió en algún momento? No.

La continuidad de la estrategia general de seguridad, que emprendió Enrique Peña Nieto (PRI), fue un fracaso porque se multiplicaron las zonas de disputa, se fragmentaron los cárteles y corrió mucha sangre de personas inocentes.

Y la inacción de López Obrador fue criminal. Con su política de abrazos y no balazos, no solo fracasó en reducir los homicidios; también abrió la puerta para que los cárteles ocuparan territorios completos, corrompieran autoridades y desafiaran la soberanía de un país lastimado por la muerte y la desaparición de personas.

¿Por qué volvemos a Michoacán? Porque el mismo estado donde comenzó la guerra contra el narco hoy sirve como espejo: si allí no funciona la política de seguridad ni la institucionalidad, menos va a funcionar en otros rincones del país.

En Michoacán operan campos de entrenamiento criminal y los delincuentes se infiltran en las áreas de seguridad de los municipios para extorsionar a los dueños de los negocios familiares, a los empresarios, a los agricultores. Sí, ahí se disputa el negocio del aguacate y del limón con el arma en la mano.

El presidente municipal de Uruapan quedó atrapado entre la lealtad a los intereses de su comunidad y la presión de los grupos armados. Carlos Manzo lo dijo, pero la advertencia fue ignorada. Y en ese silencio institucional se incubó la tragedia.

Dejar que un alcalde sea asesinado en plena celebración pública no es accidente. Es mensaje. Y el mensaje es que la democracia local está en jaque. Es un llamado de atención que no puede ignorarse.

En el sexenio del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), el asesinato de alcaldes dejó de ser una noticia extraordinaria, se volvió un patrón: los presidentes municipales de Contepec, Aguililla, Churumuco, Cotija, Tepalcatepec, Tacámbaro y ahora de Uruapan, fueron ejecutados.

Michoacán volvió a ser escenario de impunidad abierta, donde el crimen organizado no solamente ejerce violencia: ejerce poder.

México no puede permitirse volver a Michoacán como sinónimo de fracaso. No puede permitir que lo que fue el epicentro de la guerra al narco se convierta otra vez en laboratorio de violencia. Porque no hay victoria militar cuando la gente común sigue enterrando hijos, esposos, alcaldes.

No hay seguridad real mientras el Estado siga perdiendo autoridad frente al arma. Es preciso reconstruir instituciones, fortalecer los ministerios públicos, garantizar que cada carpeta de investigación avance, que cada fiscal actúe sin mirar colores partidistas.

Hoy, mirar hacia Michoacán es mirar hacia el espejo de lo que el país podría ser si no modifica el rumbo. Y es que la política, los funcionarios, las instituciones deben asumir que no basta con desplegar tropas: hay que reconstruir los cimientos.

En memoria de Carlos Manzo, en memoria de todos los desaparecidos, en memoria de un México que merece vivir sin miedo, no queda otra: cambiar el sistema antes de que el sistema nos dé una bofetada de realidad, violencia y muertes.

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