¿Estado de derecho?

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, encontró en el gobierno la cantaleta de siempre: “iremos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga este crimen no quedará impune” y, para rematar, la siempre presente consigna que se lanza al aire en este tipo de casos: “En México rige el Estado de derecho”. ¿En serio en México existe el Estado? Veamos.

Un íntegro Estado de derecho va mucho más allá del puro cumplimiento de las leyes y sólo en esto estamos muy lejos. Únicamente en los delitos del fuero común la tasa de impunidad ronda el 95%, a la cual hay que agregar la también muy elevada tasa de impunidad en los delitos del fuero federal. Alguien que comete un delito evalúa el beneficio que espera obtener de delinquir (no siempre de carácter pecuniario) contra los costos esperados y es en esto último en donde radica el porqué de la tan elevada impunidad.

El costo de delinquir no solo depende de la pena (corporal y/o pecuniaria) sino también de la probabilidad de enfrentarla y es aquí en donde está el problema ya que esta depende a su vez de la probabilidad de que se den estos otros eventos: la de ser detectado, la de ser denunciado ante el Ministerio Público, la de ser perseguido, la de ser capturado, de que la carpeta de investigación armada que sustente la acusación sea sólida, la de ser presentado ante un juez y, finalmente, la de ser condenado.

Como cada una de estas probabilidades es menor a uno, la probabilidad conjunta de ser sujeto a una pena tiende a cero y, para efectos prácticos, no importa qué tan alta sea la penalidad. Por experiencia, los delincuentes saben que hay dos eslabones muy débiles en toda esta cadena: la de ser denunciado y de que el Ministerio Público haga bien su trabajo y mientras este último no se corrija, será imposible abatir la impunidad y la delincuencia.

Pero vayamos más allá de la delincuencia y de que el gobierno, en sus tres órdenes de gobierno, ha abdicado de cumplir con su razón de ser que es proteger a los individuos y su propiedad en contra de actos de terceros, incluidos actos de gobierno, que los violenten y veamos otros elementos que componen un íntegro Estado de derecho y que el actual régimen ha debilitado todavía más.

Primero, es necesario que los derechos privados de propiedad en sus tres vertientes (posesión, uso y transferencia) estén eficientemente definidos en el marco legal y que estos estén protegidos y garantizados por un poder judicial independiente e imparcial, sobre todo cuando se trate de actos de gobierno que atenten en su contra. En México, además de que los derechos privados de propiedad están deficientemente definidos en el artículo 27 constitucional, la reforma judicial le quitó, de facto, la independencia al Poder Judicial de la Federación y aumentó la incertidumbre sobre su imparcialidad, particularmente cuando una de las partes en litigio sea el propio gobierno. A esto hay que añadir la reforma a la Ley de Amparo que, para efectos prácticos, deja indefensos a los agentes privados en contra de los actos de gobierno que violenten sus derechos individuales consagrados en la propia Constitución. Haber mermado la certeza jurídica sin duda debilitó el Estado de derecho.

Segundo, el arreglo institucional tiene que permitir que haya igualdad de oportunidades de acceso a los diferentes mercados de bienes, servicios y factores de la producción y esto implica que estos operen en un contexto de competencia. La desaparición de la Cofece y del IFT y la transferencia de sus funciones a dependencias del gobierno federal debilitó la labor de procurar mercados competitivos y la persecución y penalización de prácticas monopólicas mientras que aumentó la probabilidad de que el mismo gobierno otorgue protección a estas prácticas a agentes favorecidos por el régimen en detrimento de los consumidores, como ya sucedió con los productores de calzado y el favoritismo para Pemex y CFE en detrimento de los productores privados de energía.

Otro ámbito en el cual hay una notoria debilidad del Estado de derecho corresponde al cumplimiento de las obligaciones tributarias ya que una parte significativa de los agentes económicos privados, tanto empresas como trabajadores, al estar en el sector informal de la economía no contribuyen a los ingresos gubernamentales. Que ellos no cumplan no acarrea ninguna penalidad.

Otro caso es el del acceso a servicios públicos de calidad en educación. Aquí, con la abrogación de la reforma educativa de 2013, el gobierno prefirió favorecer al sindicato de profesores a costa de la calidad de la educación. Esto, junto con la “nueva escuela mexicana”, pone a los egresados de las escuelas públicas en una situación de desventaja frente a los egresados de escuelas particulares cuando ambos se insertan en el mercado laboral, violando el principio de igualdad de oportunidades.

Sirvan estos ejemplos para afirmar que estamos cada vez más lejos de tener un íntegro Estado de derecho. La consecuencia será un menor nivel de desarrollo y de bienestar.