Quitan recursos para consulta popular en 2026

Para el próximo año, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) verán disminuidos sus recursos, luego de que la Cámara de Diputados decidiera quitarles de sus propuestas de presupuesto, 1,000 y 260 millones de pesos, respectivamente.

Es así, que para 2026, el INE contará con un presupuesto de 21,837 millones 221,581 pesos; mientras que el TEPJF tendrá una bolsa de 3,749 millones 492,877, pesos, es decir, se les quitó de su propuesta original de presupuesto el 4.3% y 6.4% en términos nominales, respectivamente.

Es de resaltar que el caso del INE, el recorte es mayor, ya que la propuesta original aprobada en agosto pasado por el Consejo General planteaba más de 25,896 millones de pesos para su presupuesto de 2026; de los cuales, 7,700 millones serán para los partidos políticos y una partida precautoria de más de 3,119 millones de pesos para una posible consulta popular.

No obstante, en el documento entregado por el gobierno federal a la Cámara de Diputados se borró la partida destinada a una posible consulta popular, por lo que en caso de que sea solicitada, el INE no contará con recursos para su realización.

Tiempos de reestructuración

Fernando Landeros, de Estrategia Electoral, consideró que son preocupantes estos recortes, ya que se lanza un mensaje de debilitamiento para las autoridades electorales.

En el caso específico del TEPJF indicó que esta disminución de recursos llega en momentos en que está tenido una restructuración derivada de la reforma judicial.

“Hay que recordar que en la reforma judicial se eliminó, desapareció la Sala Especializada que atendía prácticamente todas las quejas, procedimientos sancionadores que son la parte contenciosa que otorga equidad durante la preparación de la jornada electoral, las campañas, precampañas, de tal manera que por la pura desaparición de esta sala, pues implica que la Sala Superior y las salas regionales del tribunal, van a tener un aumento significativo en la cantidad de asuntos que van a tener”, dijo.

En tanto, sostuvo que en el INE corren con la misma suerte que en el Tribunal Electoral ante un contexto de la preparación del inicio de un proceso electoral.

“Sumándole todavía la inminente llegada de una nueva reforma electoral que va a implicar nuevas leyes, nuevas formas de incluso pues está en duda si va a seguir siendo un sistema nacional electoral. También lanza un mensaje de preocupación, de incertidumbre, de cómo y en qué condiciones va a estar operando el Instituto Nacional Electoral con miras a inicio de del proceso electoral”, recalcó.

Incluso recalcó que “estamos hablando que en un par de meses vamos a tener una nueva legislación tal vez que va a tener repercusiones también en los estados y que con menos recursos de los que estaban presupuestando la autoridad nacional, bueno, pues eso le agrega un componente de incertidumbre mayor que pues para nada abona a un clima tradicional de tranquilidad, de certeza de plena organización eh pulcra y limpia este previo al inicio del proceso electoral”.

El experto también advirtió sobre la modificación sin justificación alguna al proyecto enviado por las autoridades electorales, es decir, el eliminar los recursos destinados a la consulta popular.

“Se supone que el titular del ejecutivo, su labor es agregar, condensar un paquete global de egresos de la Federación del Estado en general y mandarlo para su discusión y aprobación tal cual, sin modificación alguna al Poder Legislativo. Pero normalmente esta mala práctica se da también en los estados”, dijo.

Por su parte, Javier Martín Reyes, investigador electoral de la UNAM, consideró que, pese a que no es un recorte tan grande como el que se ha hecho en años pasados, “honestamente ya se está haciendo una costumbre que la Cámara de Diputados no apruebe los recursos necesarios para que las autoridades puedan cumplir con sus funciones”.

En este contexto señaló que los árbitros electorales no pueden realizar sus labores sin tener los recursos necesarios, ya que están imposibilitados materialmente para cumplir con los estándares que marca la Constitución y la ley.

“Lo vimos en la consulta popular, la llamada consulta para enjuiciar expresidente entonces lo vimos en el tema de revocación de mandato y sobre todo lo vimos también en la elección del poder judicial (…) creo que el mayor riesgo está definitivamente en la parte del presupuesto precautorio, porque si llegara a solicitar una consulta popular, que también no sabemos si puede suceder o no, pero a final de cuentas es algo que tendría que estar previsto”.