Temen nueva intoxicación de plomo por obras en antiguo terreno de Metales y Derivados en Tijuana
TIJUANA, NOVIEMBRE 4, 2025.– El Colectivo Salud y Justicia Ambiental denuncia perforaciones en la plancha de concreto que sella 7,000 toneladas de residuos tóxicos; exigen al Gobierno del Estado, dueño del predio, información inmediata.
Un foco de alarma se ha encendido en la colonia Chilpancingo, en la delegación Otay, al denunciar que se están realizando obras y perforaciones sobre el terreno de la clausurada planta recicladora de plomo Metales y Derivados, un sitio que alberga una celda de confinamiento con más de 7,000 toneladas de residuos peligrosos.
La comunidad, que vivió una situación de salud pública por intoxicación con plomo en la década de 1990, teme que los trabajos pongan en riesgo la integridad del sarcófago de concreto y liberen nuevamente los desechos tóxicos al aire y suelo.
«Hemos visto que están perforando la plancha de concreto, eso quiere decir que pueden dañar la membrana de la celda donde está encapsulado el material y el plomo puede volver entonces a ser llevado por el aire cerro abajo», declaró María Magdalena Cerda Báez, directora general del Colectivo Salud y Justicia Ambiental.
La planta Metales y Derivados fue clausurada en 1994 tras una larga batalla comunitaria. De acuerdo con Magdalena, operaba fuera de casi todas las normas. Estudios de la época, realizados por el colectivo (entonces llamado Colectivo Chilpancingo), revelaron altos niveles de plomo en la sangre de los niños de la colonia.
«A los niños les hicimos pruebas de plomo aquí en la colonia, salieron con niveles de plomo», recordó.
El temor de la comunidad, que agrupa a más de 10,000 familias, es palpable. «Las compañeras están muy alarmadas. No quieren volver a eso. No quieren volver a estar imaginando que sus hijos están comiendo plomo, están inhalando plomo. Nadie quiere eso», afirmó la directora.
El Colectivo Salud y Justicia Ambiental señala directamente a las autoridades en los tres niveles de gobierno, pero apunta una responsabilidad particular al Gobierno del Estado de Baja California.
«El gobierno del estado es dueño del predio. Son los dueños», aseveró Magdalena, explicando que el terreno fue expropiado para realizar la obra de remediación original.
Además, puntualizó que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del estado funge como vigilante del sitio, con oficinas ubicadas junto al predio. «Ellos iban a vigilar que no se hiciera ningún movimiento inadecuado o riesgoso», señaló.
Ante la falta de información, Magdalena anunció que presentará un oficio formal a la dependencia estatal. «Vamos a ir a llevar un oficio a la secretaría de Medio Ambiente para pedirles precisamente la información correcta. No queremos especulaciones. Que nos den un reporte con datos, con números».
La activista subrayó que cualquier intervención en un sitio de residuos peligrosos debe estar sustentada por un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y un proyecto avalado por expertos certificados en la materia.
«La celda nunca, nunca, nunca se va a poder hacer nada allí ni perforar. Por 100 o 1,000 años. Así debe quedarse. Mientras no se toque, está bien», reiteró.
Fotos: Selene Reynoso / Border Zoom
