Perú rompe con México harto de sus dogmas

Lima. El Gobierno de Perú rompió el lunes relaciones diplomáticas con México, luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 encabezado por el expresidente Pedro Castillo, recibiera asilo en la embajada mexicana en Lima.

El presidente de Perú, José Jeri, recordó en X que la encargada de negocios de la embajada de México en Lima, Karla Ornela, “tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”.

El anuncio de la ruptura fue hecho por el canciller Hugo de Zela, quien calificó la decisión del Gobierno mexicano como un “acto inamistoso” y una “intromisión en los asuntos internos” del país andino.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, declaró el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.

“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, agregó.

El ministro peruano también acusó a México de “pretender construir una realidad paralela” sobre los hechos de 2022 y de “convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas”. Asimismo, consideró “falsas e inaceptables” las declaraciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien había calificado a Castillo como perseguido político.

De Zela aclaró que la ruptura diplomática no implicará el cierre de los servicios consulares, que seguirán operando para atender a ciudadanos de ambos países. Explicó que el proceso de asilo deberá seguir los procedimientos establecidos en la Convención de Caracas de 1954.

Bajo investigación

El caso ocurre en vísperas de los alegatos finales del juicio oral contra Chávez, quien fue jefa de gabinete de Castillo durante poco más de dos semanas. La exfuncionaria enfrenta cargos de conspiración y rebelión, delitos por los que la fiscalía peruana ha solicitado 25 años de prisión.

La exfuncionaria, que fue también legisladora, había estado en prisión desde junio del 2023 y fue liberada por una juez en septiembre de este año para asumir su defensa en libertad.

Su abogado, Raúl Noblecilla, declaró a medios locales que desconocía el paradero de Chávez y no había sido informado sobre la solicitud de asilo.

“Ella tiene el derecho como cualquier ser humano cuando es perseguido político acudir a un Estado para evaluar y conceder o no ésta protección, no podemos confirmar nada”, afirmó.

México emitió un comunicado por la noche donde “lamenta y rechaza” la decisión de Perú.

Insiste en su teoría de que la señora Chávez es perseguida política, pero no habla de las acusaciones judiciales.

Dice Relaciones Exteriores que la decisión de otorgarle asilo a Chávez es un “acto legítimo y apegado al derecho internacional de nuestro país (sic).