Diputada Alejandra Ang impulsa reforma en materia de prevención de la violencia con perspectiva de género
MEXICALI, OCTUBRE 21, 2025.- Con el propósito de establecer la obligación de las instituciones de seguridad para desarrollar políticas y programas integrales en materia de prevención social de las violencias y del delito, incorporando la perspectiva de género, la diputada Alejandra Ang Hernández, presentó iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.
La propuesta se fundamenta en el reconocimiento de la violencia como una problemática estructural que afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad. Además, se sustenta en la reciente reforma constitucional federal en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la violencia de género, aprobada en 2024 y homologada en Baja California en 2025.
La legisladora abundó que la prevención social del delito y la atención integral a la violencia de género son demandas urgentes de la población, particularmente de las mujeres y niñas que enfrentan de manera desproporcionada las consecuencias de la inseguridad.
La pretensión de esta iniciativa es fortalecer el marco jurídico estatal para garantizar una seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, promoviendo políticas integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia y fomenten una cultura de paz, legalidad e igualdad en Baja California.
Refirió que la experiencia en estados como Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, demuestra que la integración de la perspectiva de género en la seguridad pública contribuye a mejorar la efectividad de las acciones preventivas, a garantizar la atención diferenciada de los grupos más vulnerables y a fortalecer la coordinación institucional.
En ese sentido la diputada Alejandra Ang indicó que la inclusión de la perspectiva de género en la prevención social de las violencias y el delito, será uno de los factores esenciales para que las instituciones de seguridad pública no sólo reconozcan y aborden de manera más efectiva las causas y consecuencias de esta violencia de género, sino que también proporcionen atención y respuestas más adecuadas y eficientes a las víctimas