Democracia sindical avanza con T-MEC y reforma laboral; persisten presiones externas y retos internos
México avanza en la consolidación de su sistema laboral derivado de la reforma de 2019 y de los compromisos adquiridos en el T-MEC; sin embargo, especialistas advirtieron que el país enfrenta presiones externas, limitaciones presupuestales y un entorno de creciente incertidumbre para las empresas.
Durante la Segunda Convención Nacional “Sindicalismo Responsable” en el panel “Los retos del sector empresarial ante el T-MEC” los expertos coincidieron en que el artículo 123 constitucional, junto con los 14 tratados comerciales ratificados, sustentan un nuevo modelo laboral que busca fortalecer la democracia sindical y garantizar la libertad de asociación.
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Los capítulos 23, 23-A y 31 del T-MEC han sido clave en esta transformación, al establecer mecanismos de verificación como el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). Desde su implementación, México ha recibido más de 39 solicitudes relacionadas con presuntas violaciones a derechos colectivos en centros de trabajo, lo que refleja tanto los avances institucionales como la intensidad del escrutinio internacional.
“Estamos cumpliendo con las reglas del juego que nosotros mismos establecimos. Sin embargo, persisten presiones de nuestros socios comerciales por la idea equivocada de que México compite con base en normas laborales más laxas”, dijo Tomás Natividad Sánchez, abogado empresarial.
Los participantes reconocieron que, pese al fortalecimiento normativo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha enfrentado restricciones presupuestales. “El año pasado fue necesario que la Secretaría del Trabajo complementara con recursos propios para garantizar su operación, lo que lo hace perder autonomía”, dijo Fernando Yllanes, miembro del Consejo Administrativo patronal de la OIT.
Asimismo, acusó que gran parte de las quejas laborales, casi 40, interpuestas bajo el T-MEC son provocadas deliberadamente.
“Observamos que la mayoría de los casos, por no decir casi todos, son impulsados por actores externos que buscan desestabilizar las relaciones laborales y los procesos de producción en México. Hay una intención clara de generar conflictos artificiales, y ahí debemos cerrar filas: los juristas, los sindicatos y las empresas”, sostuvo.
Yllanes agregó que esta situación exige una postura más firme de México ante sus socios comerciales, pues el país no cuenta con las mismas condiciones ni capacidades que Estados Unidos o Canadá para presentar quejas o defender sus posiciones.
“Necesitamos cancha pareja. Mientras allá se requiere una sentencia firme para proceder, en México basta con un indicio de violación. Es una presión constante y desigual”, apuntó.
Los especialistas coincidieron en que, aunque el T-MEC ofrece oportunidades de inversión y empleo, su implementación debe acompañarse de certeza jurídica, autonomía institucional y condiciones financieras estables. “Los márgenes empresariales se han reducido, atraer inversión se ha vuelto más complejo y la incertidumbre laboral puede impactar la competitividad”, señalaron.
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