Del diagnóstico a la acción: La ruta empresarial contra el deterioro institucional en América Latina
A raíz de la publicación de mi artículo anterior (¿Padecer o actuar? El dilema del empresario frente al deterioro institucional en América Latina) recibí muchos comentarios donde se me preguntaba cómo materializar ese rol activo, es decir cuáles serían los pasos concretos que ejecutivos y empresarios deberían dar para defender la certidumbre institucional y construir un entorno de negocios viable.
Todo inicia en la trinchera personal; en la ética y coherencia diaria.
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El Empresario
¿Padecer o actuar? El dilema del empresario frente al deterioro institucional en América Latina
La lucha contra la corrupción y la ineficiencia comienza en la trinchera más cercana: la conducta personal y la cultura interna de la empresa. La influencia de un líder es un círculo que se irradia. Por lo que en imprescindible lo siguiente:
1. Cero tolerancia a la micro-corrupción: La integridad debe ser un estándar innegociable. Un empresario que exige transparencia a su gobierno no puede, a la vez, pagar una “mordida” para evadir una multa de tránsito o acelerar un trámite municipal. Evadir y no promover la corrupción, incluso en sus formas más insignificantes, es el primer acto de coherencia. El líder debe ser el primer custodio de la legalidad, estableciendo un ejemplo que se replique en sus colaboradores, amigos y familiares.
2. Fomentar la denuncia y la rendición de cuentas interna: Dentro de la empresa, la cultura debe premiar la integridad y no el silencio. Los sistemas de whistleblowing robustos y protegidos, así como los canales internos de denuncia, no son solo herramientas de compliance; son el reflejo de una convicción ética. El ejecutivo debe garantizar que señalar un acto de corrupción o incompetencia interna no implique represalias, validando así el valor de la transparencia.
Después resalto el rol colectivo: La participación cívica y el gremialismo.
Dada la escala del desafío, este exige una respuesta organizada. Las empresas, actuando de forma aislada, son vulnerables; sin embargo, unidas, se convierten en una fuerza formidable de presión y contrapeso. Por ello, invito a lo siguiente:
1. Priorizar el activismo gremial estratégico: Los ejecutivos deben utilizar las cámaras y asociaciones empresariales (gremios) como plataformas de acción. No basta con pagar la cuota y asistir a eventos. Es vital participar activamente en la formulación de agendas que exijan el fortalecimiento del Estado de derecho, la autonomía de los reguladores y la imparcialidad de los tribunales. Este activismo debe ser público y visible, poniendo el peso económico de la comunidad empresarial, que no es nada menor, detrás de las reformas institucionales.
2. Utilizar la vocería y contribuir al debate público: El silencio empresarial es el mayor aliado de la ineficiencia. Los líderes tienen la obligación de levantar la voz en los medios de comunicación, a través de artículos de opinión, entrevistas y webinars. Su experiencia de primera mano sobre el impacto de la inseguridad jurídica tiene un enorme poder de persuasión y sirve para educar a la opinión pública sobre la conexión directa entre ética pública y bienestar económico. La comunicación debe enfocarse en soluciones, no solo en la queja.
Por último, el compromiso ciudadano más allá de la empresa.
El ámbito de acción de un líder no puede terminar en la puerta de la oficina. La defensa de la certidumbre jurídica es un acto cívico. Por ello es indispensable:
1. Votar con conciencia institucional: El acto de votar es la herramienta fundamental de cambio. El empresario y su círculo de influencia deben priorizar a candidatos y propuestas que demuestren un compromiso verificable con la certidumbre jurídica, la meritocracia en la función pública y la autonomía de las instituciones. El voto debe ser informado, estratégico y orientado al fortalecimiento institucional de largo plazo, rechazando el oportunismo político.
2. Participación en el espacio público: En entornos donde los canales institucionales se debilitan, la protesta cívica es un mecanismo legítimo para manifestar descontento y exigir cambios. Promover y participar en marchas o manifestaciones organizadas por la sociedad civil para demandar transparencia o rechazar leyes que debiliten el marco legal, es un acto de compromiso que valida el descontento y moviliza la energía social hacia la mejora del entorno.
El liderazgo en América Latina hoy requiere una visión que trascienda el balance trimestral. Exige pasar de la autoprotección individual a la participación activa y colectiva. Asumir este rol no es un acto político, es una estrategia de negocios esencial para garantizar la viabilidad y prosperidad futura de la región. Es momento de pasar a la acción y botar la pasividad al cajón de los inservibles.
