El impacto económico de la reforma a la Ley de Amparo

La propuesta de reforma a la Ley de Amparo en México, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre de 2025, ha sido promovida bajo el argumento de modernizar el sistema judicial y mejorar su eficiencia. Sin embargo, sus implicaciones van mucho más allá del ámbito técnico, con efectos potenciales sobre la inversión, la certidumbre jurídica y el entorno empresarial. La iniciativa —que propone modificar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— plantea una redefinición del interés legítimo, limita las suspensiones provisionales y restringe el alcance colectivo de las sentencias. ¿Cómo afectarían estos cambios al clima de negocios y la percepción de seguridad jurídica en el país?

El juicio de amparo ha sido históricamente una herramienta clave para que ciudadanos y empresas puedan defenderse de decisiones administrativas que vulneran derechos fundamentales. En el ámbito empresarial, ha permitido impugnar clausuras arbitrarias, disposiciones fiscales desproporcionadas, actos regulatorios sin sustento legal y decisiones que afectan la propiedad o el cumplimiento de contratos. Su debilitamiento, por tanto, no solo representa un retroceso constitucional, sino también un deterioro en las condiciones de inversión, especialmente en un contexto global donde la competencia por atraer capital es feroz.

Uno de los aspectos más delicados de la iniciativa es la redefinición del interés legítimo. Desde 1994, la Suprema Corte había consolidado este concepto como una herramienta que permitió a comunidades, organizaciones civiles y colectivos promover amparos en defensa de causas de interés público —como el medio ambiente, los derechos indígenas o el patrimonio cultural—, incluso sin acreditar una afectación estrictamente personal. Esta evolución dotó al amparo de un carácter transformador, ampliando su alcance más allá de lo individual.

La propuesta actual rompe con este avance al exigir que la lesión sea directa, personal, diferenciada y con un beneficio concreto para el promovente. En los hechos, esto supone un regreso al amparo hiperindividualista, donde solo quien pueda probar un daño propio tendrá acceso a la justicia constitucional. Las consecuencias son evidentes: comunidades enteras, ONG y actores que han usado el amparo como vía de defensa estratégica quedarán excluidos, imposibilitados de litigar asuntos que afectan a la colectividad, como la deforestación en la selva maya o la afectación de recursos hídricos.

Igual de preocupante es la restricción a la suspensión de actos de autoridad, medida cautelar que históricamente ha preservado la materia del juicio y evitado daños irreparables mientras se resuelve el litigio. El nuevo esquema convierte la suspensión en una excepción sujeta a un catálogo de requisitos y criterios ambiguos, como la valoración de daños al interés público o a la colectividad. Esto abre un amplio margen de discrecionalidad judicial para negar suspensiones y deja desprotegidos a particulares y empresas frente a decisiones administrativas inmediatas.

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo va aún más lejos al establecer de manera expresa que la suspensión no procederá cuando pueda afectarse el “interés del Estado”. Este cambio metodológico es relevante porque equipara el interés estatal con el interés social, otorgándole un peso predominante frente al derecho del particular. En los hechos, ello permitiría justificar la negativa de suspensiones en casos de actos administrativos controvertidos —como revocaciones de permisos, clausuras o medidas regulatorias de amplio alcance— bajo el argumento de que protegen intereses estatales, aun cuando se trate de actos arbitrarios. El resultado sería restringir de forma considerable el acceso efectivo de ciudadanos y empresas a una defensa judicial eficaz.

En sectores estratégicos, la prohibición es aún más tajante. La iniciativa establece que en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica no podrá otorgarse suspensión de manera alguna. El impacto es directo: una empresa cuya concesión fuera revocada quedaría fuera del mercado de inmediato, aun si eventualmente obtuviera una sentencia favorable.

En conjunto, estas modificaciones al interés legítimo y a la suspensión no solo fortalecen la posición de la autoridad, sino que debilitan los medios de defensa de los particulares, reduciendo al Amparo a un mecanismo limitado y poco eficaz. Se trata de un retroceso sustantivo que erosiona la naturaleza misma del Amparo como pilar del Estado de derecho y como garantía de equilibrio entre ciudadanos y Estado.

El debilitamiento de estas figuras tiene un impacto directo en la economía. Al reducir la capacidad de defensa jurídica, las empresas podrían enfrentar mayores riesgos regulatorios y operativos, lo que se traduce en un entorno de incertidumbre para la inversión. Una empresa que pierde su concesión o permiso de operación no podrá ampararse eficazmente para evitar pérdidas inmediatas; en consecuencia, proyectos millonarios podrían quedar vulnerables a decisiones discrecionales.

En el ámbito económico, la experiencia internacional ofrece ejemplos contundentes de cómo el debilitamiento del sistema judicial y la falta de acceso efectivo a medios de defensa impactan directamente en el clima de inversión. En Polonia, entre 2015 y 2020, el gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) impulsó reformas que permitieron el control político sobre el nombramiento de jueces y limitaron las competencias del Tribunal Constitucional. Estas medidas generaron una reacción inmediata por parte de la Unión Europea, que activó el artículo 7 del Tratado por riesgo sistémico al Estado de derecho. Empresas multinacionales como congelaron planes de expansión en razón de la debilidad del sistema judicial, como documentó en 2023 el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su reporte sobre clima de inversión en ese país. Como consecuencia, los flujos de inversión extranjera directa (IED) cayeron más del 20% entre 2016 y 2019. La inseguridad jurídica generada por la falta de independencia judicial elevó los costos de cumplimiento y litigio, afectando la competitividad del país. A partir de 2024, tras años de deterioro institucional, Polonia inició un proceso complejo pero esperanzador para restaurar el Estado de derecho, recuperar fondos europeos congelados y cerrar el procedimiento sancionador del artículo 7, con el respaldo cauteloso de la Unión Europea.

En Venezuela, entre 2001 y 2015, la eliminación progresiva de garantías jurisdiccionales, junto con la concentración de poder en el Ejecutivo y la subordinación del Poder Judicial, provocó una salida significativa de capitales. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país tras litigios prolongados y expropiaciones sin mecanismos efectivos de defensa. Los flujos de IED se desplomaron de 4.5 mil millones de dólares en 2001 a 317 millones de dólares en 2017. La falta de contrapesos institucionales convirtió a Venezuela en un caso paradigmático de cómo la inseguridad jurídica puede desincentivar la inversión, incluso en sectores estratégicos como energía y minería.

El caso de Turquía es particularmente emblemático. Tras el intento de golpe de Estado en 2016, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan emprendió una serie de reformas que transformaron radicalmente el sistema judicial. Bajo el argumento de proteger la estabilidad nacional, se implementaron medidas que incluyeron la destitución masiva de jueces, la subordinación del Consejo de Jueces y Fiscales al Ejecutivo y la ampliación de facultades para restringir libertades civiles mediante decretos. Este endurecimiento institucional tuvo consecuencias directas en el clima de negocios. La independencia judicial se erosionó aún más, generando un entorno de alta incertidumbre para empresas nacionales y extranjeras. Según datos del Banco Central de Turquía y análisis de la OCDE, los flujos de IED se redujeron de 13.7 mil millones de dólares en 2015 a menos de 5 mil millones de dólares en 2020.

En el caso mexicano, la reforma a la Ley de Amparo se presenta en un contexto de mayorías legislativas de la coalición gobernante y concentración de poder político. Si bien la reforma incluye avances tecnológicos como la digitalización de procesos y la agilización de plazos, estos beneficios podrían quedar eclipsados por el debilitamiento de las garantías procesales. Organismos empresariales y colegios de abogados analizan la iniciativa en cuanto al potencial que podría tener de reducir la capacidad de defensa ante actos fiscales y administrativos, y generar una asimetría procesal entre el Estado y los particulares.

En un entorno global donde los inversionistas priorizan marcos regulatorios sólidos, cualquier señal de debilitamiento en la certeza jurídica eleva las primas de riesgo, encarece el financiamiento y reduce la inversión.

La señal que recibe el capital nacional y extranjero podría ser preocupante: en México las reglas del juego podrían modificarse con menor margen de defensa judicial. Este escenario incrementa la percepción de riesgo, eleva los costos de financiamiento y puede moderar el ritmo de llegada de inversión extranjera directa. Las grandes corporaciones cuentan con alternativas como el arbitraje internacional cuando así proceda, pero las pequeñas y medianas empresas tendrían menos herramientas de protección, lo que genera un entorno empresarial con mayores desafíos de certidumbre y equidad.

Las audiencias públicas del 29 y 30 de septiembre en el Senado, recientemente anunciadas, deberán privilegiar la defensa del juicio de amparo como pilar del Estado de derecho y garantía de certeza jurídica para ciudadanía y empresas. México no puede permitirse debilitar el único instrumento que protege a los particulares frente al poder arbitrario.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.