¿Padecer o actuar? El dilema del empresario frente al deterioro institucional en América Latina
En buena parte de América Latina, el deterioro del Estado de derecho, la corrupción y la incompetencia en la gestión pública han dejado de ser problemas exclusivamente políticos: hoy son factores que pesan directamente en la agenda de los negocios. La falta de instituciones sólidas y de reglas claras encarece proyectos, desalienta inversiones y obliga a los ejecutivos a administrar riesgos que en otros mercados ni siquiera aparecen en el radar. Tuve la experiencia de trabajar en cinco países de esta hermosa y peculiar región, y la gestión del entorno presenta desafíos difíciles de explicar a un japonés o a un noruego.
Liderar una empresa en Latinoamérica significa aprender a navegar en un entorno donde la inseguridad jurídica, la captura de reguladores, los cambios abruptos en políticas fiscales y la discrecionalidad en los tribunales son realidades comunes. Este ambiente se traduce en sobrecostos invisibles pero evidentes: litigios interminables por falta de tribunales eficaces, permisos sujetos a discrecionalidad política, extorsiones que afectan la operación diaria, pérdida de confianza de inversionistas globales, todo ello generando un ecosistema donde la competitividad se erosiona.
Ante este panorama, el liderazgo empresarial enfrenta una disyuntiva: ¿conformarse con sobrevivir en un entorno frágil o asumir un papel activo para impulsar la construcción de instituciones más fuertes? Adaptarse en silencio equivale a aceptar un círculo vicioso donde la corrupción y la ineficiencia se normalizan. Y ese silencio termina debilitando no solo a las empresas, sino a toda la región: la reputación se resiente, la llegada de capital extranjero se desacelera y, en consecuencia, la competitividad frente a otras economías emergentes se ve comprometida.
El liderazgo empresarial no puede limitarse a maximizar balances y cumplir con metas trimestrales. Los ejecutivos de hoy enfrentan la necesidad de levantar la voz. Callar frente a la corrupción y la incompetencia es aceptar un modelo económico vacilante. No se trata de un acto político, sino de un acto estratégico: defender la certidumbre jurídica es defender la viabilidad de las empresas que encabezan. La ausencia de reglas claras no distingue entre corporativos globales, compañías familiares o startups: todos sufren las consecuencias de un entorno donde el contrato social se erosiona.
La experiencia internacional lo confirma. En países con instituciones débiles, el crecimiento económico se vuelve frágil y altamente dependiente de ciclos externos. En cambio, aquellos que fortalecen el Estado de derecho y sus instituciones —con tribunales imparciales, reguladores autónomos y reglas claras para la competencia— atraen capital, innovan con mayor confianza y logran un desarrollo más sostenido. Latinoamérica, y México en particular, no pueden aspirar a recibir inversión productiva si no ofrecen, al mismo tiempo, garantías jurídicas y de estabilidad mínimas.
Por lo tanto, el liderazgo empresarial del presente en América Latina debe medirse no solo por su capacidad de innovar, internacionalizarse o generar utilidades, sino por la capacidad estratégica, integridad y valentía de los ejecutivos para defender la certidumbre institucional a largo plazo como condición indispensable para el desarrollo. Ese liderazgo, hoy, es más necesario que nunca.
Así que la pregunta es clara: ¿serán los líderes empresariales espectadores pasivos ante este deterioro, o protagonistas en la construcción de entornos más transparentes y competitivos? El futuro de los negocios en América Latina depende, en gran medida, de la respuesta.
