Presupuesto para las TIC en 2026
El Paquete Económico 2026 presenta un dilema estructural para las finanzas públicas mexicanas. ¿Cómo fortalecer el papel del Estado sin poner en riesgo el dinamismo del aparato productivo ni desalentar la inversión privada?
Esta interrogante cobra especial relevancia al analizar el destino presupuestal proyectado para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo del país.
La propuesta del Ejecutivo contempla un déficit fiscal equivalente al 3.6% del PIB, elevando la deuda pública al 52.3%, con un gasto neto de $9.2 billones de pesos.
Este ejercicio de recursos no es menor.
No obstante, deja ver una centralización administrativa de la política pública de conectividad y regulación sectorial, con visión aún incierta para el largo plazo.
El ascenso de la ATDT. Uno de los aspectos más destacados en el ámbito TIC es la consolidación presupuestaria de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), con un gasto proyectado que asciendería a $3.85 mil millones de pesos en 2026, un incremento real anual del 22.1%. Esta expansión financiera responde a las crecientes atribuciones de la ATDT en temas como conectividad universal, mejora regulatoria y política satelital.
No obstante, este crecimiento contrasta con la eliminación presupuestaria —y fáctica— del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órganos autónomos que dejarán de operar por mandato constitucional para dar paso a dos nuevas entidades: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA). Sin embargo, ambas aún no cuentan con plenos ni presupuesto asignado, lo que deja abierto un vacío regulatorio.
Ganadores: inclusión financiera, seguridad y servicio postal. Además de la ATDT, otras dependencias públicas vinculadas al ecosistema digital también resultarían beneficiadas.
La Financiera para el Bienestar (Finabien), que facilita servicios financieros con soporte de las telecomunicaciones, registraría un incremento presupuestal real de 36.8%, en línea con la prioridad gubernamental de fomentar la inclusión financiera.
El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) también se vería fortalecido con un aumento del 24.9%, clave para robustecer la logística de última milla en una economía crecientemente digital.
A ello, se suma un alza del 17.9% para el Centro Nacional de Información Plataforma México, que refuerza la estrategia de seguridad pública basada en TIC.
Perdedores: medios públicos y educación digital. Del otro lado de la balanza, preocupa el desmantelamiento progresivo de capacidades institucionales de medios públicos y plataformas educativas.
Si bien el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) y Radio Educación verían aumentos, otros como Canal 11, Canal 22 e IMER sufrirían recortes importantes.
Más grave aún es la reducción de 82.3% en el presupuesto de la Dirección aprende.mx, lo que refleja un repliegue en la digitalización educativa, en pleno contexto postpandemia.
Nuevos gravámenes. En materia de ingresos, sorprende la caída estimada en la recaudación por IEPS a telecomunicaciones (‑0.3%) y por derechos de espectro (‑4.5%), lo que evidencia la persistente contención en el ejercicio de inversión en el sector.
Mientras tanto, se introducen nuevos gravámenes: un IEPS de 8% a los denominados “videojuegos violentos” y uno de 50% a juegos de apuestas en línea.
Estas medidas fiscales abren un necesario debate sobre el equilibrio entre objetivos recaudatorios, su costo fiscal, regulación de contenidos y competitividad digital.
Hacia una política digital integral. En suma, el Paquete Económico 2026 propone una reconfiguración profunda del ecosistema digital mexicano: apuesta por fortalecer al Estado como prestador de servicios, pero aún deja en segundo plano las condiciones de gobernanza, competencia efectiva e inversión que garantizan su funcionamiento óptimo.
El futuro de la transformación digital en México no puede depender únicamente de una mayor asignación presupuestal a nuevas agencias, sino de reglas claras, continuidad institucional y visión de largo plazo.
