Arbitrario y caprichoso
La historia reciente de la aviación mexicana parece definida por dos palabras: arbitrario y caprichoso. La cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del Felipe Ángeles no sólo costaron cientos de miles de millones de pesos; también dejaron cicatrices que siguen sangrando. Lo que en su momento fue presentado como una decisión “soberana” hoy se traduce en costos crecientes para México, para sus aerolíneas y para su competitividad internacional.
Ese mismo capricho se refleja en la decisión del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos de revocar la inmunidad antimonopolio al acuerdo de cooperación conjunta (Joint Venture) entre Aeroméxico y Delta. El DOT argumenta que México ha incumplido disposiciones del acuerdo bilateral de cielos abiertos: desde la opaca asignación de slots en el Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la prohibición de operaciones exclusivas de carga en ese aeropuerto. La sanción fue anunciada el 15 de septiembre: castigar a Aeroméxico, y de rebote a su socio Delta, retirándoles un beneficio regulatorio esencial para competir en igualdad de condiciones frente a otros gigantes como American Airlines o United en las rutas hacia y desde México.
Lo paradójico es que no son las aerolíneas las que dictan la política aeroportuaria de México, sino el propio gobierno. Aeroméxico y Delta ya anticipaban un revés administrativo de esta naturaleza. En cartas de apoyo de distintos actores, incluyendo senadores estadounidenses, y en sus comentarios a la orden administrativa de “show cause” del DOT, ambas empresas argumentaron que se les está castigando por un incumplimiento que es, en realidad, un diferendo diplomático. El mensaje es claro: cuando un país adopta políticas arbitrarias como reasignar vuelos de carga hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, las consecuencias se multiplican y se trasladan al sector privado.
Pero hay un segundo nivel de arbitrariedad y capricho. El DOT ha tolerado durante años mercados igualmente opacos y congestionados en Europa: Heathrow en Londres, Charles de Gaulle en París, Frankfurt en Alemania. Ahí, en lugar de retirar inmunidades, aplicó remedios parciales como la cesión de slots. ¿Por qué con México se opta por la sanción más dura? La respuesta parece más política que técnica: la administración Trump II encontró en este caso un instrumento perfecto para proyectar su narrativa de “America First” y presionar a México en un tema sensible.
Lo curioso es que este diferendo no viene exclusivamente de la administración de Trump. El expediente administrativo para revisar la renovación de la inmunidad antimonopolio de Aeroméxico-Delta se abrió en la administración de Joe Biden. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su molestia por las arbitrariedades regulatorias, legales y hasta constitucionales en distintas industrias, que inició López Obrador y, sea de paso, ahora nos tienen en una virtual recesión económica.
Una vez emitida la orden final del DOT, ahora toca litigarla en la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. en Estados Unidos. Lo curioso es que ese mismo estándar legal de que las decisiones no sean “arbitrarias ni caprichosas” se deben seguir de acuerdo con la Administrative Procedure Act de EE.UU. y, será esa Corte la que resuelva.
El desenlace es un recordatorio doble. Para México, de que las decisiones arbitrarias en infraestructura y regulación se pagan una y otra vez, incluso años después. Para Estados Unidos, de que usar el garrote regulatorio en forma caprichosa y arbitraria erosiona la certeza jurídica que debería guiar su propia política de competencia.
En el aire queda una pregunta incómoda: ¿quién será el siguiente en pagar el precio de lo arbitrario y caprichoso?
