Fabricantes de cigarros advierten riesgos fiscales y de seguridad por alza de IEPS
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El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), integrado por Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, manifestó su preocupación por la propuesta de reforma fiscal que busca incrementar los impuestos a cigarros y productos de nicotina. La iniciativa, presentada el 8 de septiembre de 2025 en el Congreso de la Unión, pretende reforzar la recaudación destinada a gasto en salud, pero enfrenta críticas por sus posibles efectos colaterales. La propuesta contempla un aumento superior al 30% sobre el precio de los cigarros, lo que equivaldría a un alza mínima de 20 pesos por cajetilla a partir de 2026. Adicionalmente, se plantea elevar la cuota específica por cigarro enajenado o importado, de 0.6445 pesos vigente en 2025 a 1.1584 pesos en 2030. También se propone gravar los productos de nicotina con una tasa de 200%.
CONAINTA sostiene que este tipo de incrementos no cumplen los objetivos planteados. La organización argumenta que históricamente las alzas impositivas han resultado ineficaces para reducir el número de fumadores y que tampoco han garantizado un mayor ingreso fiscal. Los datos de recaudación respaldan parte de este argumento. En 2023, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a tabacos labrados representó ingresos por 50,400 millones de pesos. Sin embargo, en 2024 la cifra cayó a 46,900 millones, lo que significó una disminución de 7% pese al incremento en las tasas impositivas. La caída en la recaudación coincide con un crecimiento del mercado ilegal de cigarros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2017 y 2023 el comercio ilícito creció 240%, al pasar de 8.5% a 20.4% del consumo nacional. En la actualidad, una de cada cinco cajetillas vendidas en México es ilegal. El problema, advierte la industria, podría agravarse si la reforma avanza en los términos actuales. Las estimaciones apuntan a que el comercio ilícito podría llegar a representar hasta la mitad del mercado. La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) calcula que la evasión fiscal por este fenómeno genera pérdidas anuales de entre 13,000 y 15,000 millones de pesos al erario. Investigaciones académicas también han señalado el vínculo entre el contrabando de cigarros y el crimen organizado. Un estudio elaborado por El Colegio de México en 2025 documenta que los grupos criminales han encontrado en los cigarros ilegales una fuente creciente de financiamiento que les permite sostener actividades como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Además de los riesgos fiscales y de seguridad, la industria tabacalera cuestiona el impacto de gravar con 200% a productos de nicotina alternativos, como las bolsas orales. Según CONAINTA, diversos estudios internacionales reconocen que estos productos, al no generar combustión, exponen a los consumidores a hasta 99% menos sustancias tóxicas en comparación con los cigarros tradicionales. La organización subraya que desincentivar estas alternativas podría tener efectos adversos en salud pública. Como ejemplo, cita la experiencia de Suecia, donde el uso extendido de alternativas orales ha contribuido a reducir la tasa de tabaquismo a apenas 5%, una de las más bajas del mundo. En contraste, la propuesta mexicana busca aplicar la misma lógica impositiva a todos los productos con nicotina, sin distinción del nivel de riesgo asociado. La industria argumenta que este enfoque contradice la evidencia científica y la experiencia internacional, que recomiendan esquemas diferenciados para incentivar el cambio hacia alternativas de menor riesgo. Para CONAINTA, el diseño de la reforma fiscal debería equilibrar tres objetivos: garantizar ingresos sostenibles para el Estado, proteger la salud de la población y reducir la incidencia del mercado ilícito. Un enfoque centrado únicamente en aumentar los impuestos, sostiene, podría generar el efecto contrario al esperado. Finalmente, el organismo exhortó a las autoridades y legisladores a abrir espacios de diálogo con el sector privado. Según la industria, la cooperación público-privada permitiría identificar alternativas de recaudación más eficaces, al mismo tiempo que se atienden los desafíos de salud y seguridad vinculados con el consumo de productos de tabaco y nicotina en el país.
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